Se respira un aire de cautelosa esperanza en el sector gasero mexicano tras la reciente reunión con la Secretaría de Energía, liderada por Luz Elena González. La disposición al diálogo y la apertura a la revisión técnica de los costos operativos por parte de la Subsecretaría de Hidrocarburos, bajo la dirección de Joan José Vidal Amaro, ha sido recibida con optimismo por los representantes del sector. Este encuentro, que se ha calificado como "abierto, técnico y constructivo", abre la puerta a una posible solución a la compleja situación que atraviesa la industria del gas LP en México.

La problemática central radica en la diferencia entre el precio que reciben los distribuidores de gas, actualmente 2.54 pesos por litro, y el costo real que, según afirman, asciende a 4.25 pesos. Esta brecha de 1.71 pesos por litro, que se ha mantenido durante los últimos siete meses, ha puesto en jaque la viabilidad operativa de miles de pequeñas empresas, técnicos, repartidores y trabajadores que conforman el entramado de la distribución de gas LP en el país.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) ha sido la voz cantante de este reclamo. Sus miembros aseguran estar subsidiando su propia operación, viéndose obligados a sacrificar márgenes de ganancia para cubrir costos esenciales como el mantenimiento de tanques, pipas e instalaciones, así como el pago de nóminas y la adquisición de nuevos equipos. Esta situación, de prolongarse, no solo pone en riesgo la estabilidad financiera del sector, sino que también compromete la seguridad en el manejo de un producto tan delicado como el gas LP.

Rocío Robles, presidenta de Amexgas, ha destacado el cambio de postura de la Secretaría de Energía en los últimos meses. Tras un periodo de incertidumbre, desde abril o mayo se ha percibido una mayor receptividad a las demandas del sector. La Secretaría ha solicitado información detallada sobre los costos operativos de las empresas, incluyendo facturas y comprobantes de gastos reales.

Este miércoles se cerró la "ventanilla" para la entrega de dicha documentación, un paso crucial para la revaluación de la fórmula que determina el precio máximo al público del gas LP. La expectativa del sector es que esta revisión se traduzca en un ajuste que refleje los costos reales de la operación y garantice la sustentabilidad del modelo de distribución. De lo contrario, se corre el riesgo de una crisis mayor que podría afectar el suministro de gas a los hogares mexicanos.

La situación es crítica. La falta de un margen operativo adecuado no solo dificulta la operación diaria de las empresas gaseras, sino que también desincentiva la inversión en seguridad y mantenimiento, incrementando el riesgo de accidentes. La revisión técnica acordada con la Secretaría de Energía representa una oportunidad para encontrar un equilibrio que proteja tanto la economía de las familias como la viabilidad del sector gasero. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades estarán dispuestas a implementar las medidas necesarias para evitar una crisis de mayor envergadura. El futuro del sector, y el suministro de un recurso esencial para millones de mexicanos, depende de ello.