La histórica jornada del primero de septiembre ha marcado un hito en el sistema judicial mexicano. Con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, se ha dado un paso audaz, aunque no exento de controversias, hacia una justicia más cercana al ciudadano. Sin embargo, los resultados nos obligan a una profunda reflexión sobre el camino recorrido y el que aún queda por andar. El triunfo de Hugo Aguilar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), superando a la favorita Lenia Batres, es un claro indicativo del impredecible panorama que se abre ante nosotros. La alta cifra de votos nulos y en blanco, un 26.6 millones, refleja la desinformación y la complejidad del proceso, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la comunicación y la pedagogía electoral.

Si bien la reforma judicial se presentaba como una respuesta a las demandas sociales por una justicia más transparente y eficiente, la implementación ha evidenciado áreas de oportunidad cruciales. La participación ciudadana, si bien un logro en sí mismo, se vio empañada por la confusión generada por la cantidad de candidatos y la falta de información accesible sobre sus trayectorias y propuestas. El uso de "guías de votación" o "acordeones" sugiere una influencia externa que pone en tela de juicio la autonomía del voto. ¿Realmente el pueblo eligió con conocimiento de causa o simplemente siguió indicaciones? Esta interrogante nos obliga a replantear las estrategias de difusión y a fortalecer la educación cívica.

La "perfectibilidad" de la reforma, reconocida por la propia presidenta, abre la puerta a un análisis crítico y a la implementación de mejoras sustanciales. Es fundamental incorporar a las instancias de seguridad pública, fiscalías, ministerios públicos y demás actores del sistema en el proceso de transformación. Además, es imperativo abordar las problemáticas estructurales, como la financiación, los mecanismos anticorrupción y la autonomía en la toma de decisiones.

El camino hacia una justicia plena no termina con la elección. El verdadero reto comienza ahora, con la evaluación constante del desempeño de los nuevos magistrados y ministros. La transparencia en sus actuaciones, la eficiencia en la resolución de casos y la imparcialidad en sus dictámenes serán los indicadores que determinarán el éxito o fracaso de esta reforma. La sociedad debe estar vigilante y exigir rendición de cuentas.

A dos años de la próxima elección, es crucial aprovechar el tiempo para analizar las lecciones aprendidas. Es necesario simplificar el proceso electoral, mejorar la difusión de la información, establecer filtros más rigurosos para la selección de candidatos y asegurar la autonomía del Poder Judicial. La redistritación judicial, un tema que requiere atención, debe garantizar una representación equitativa y evitar desequilibrios en las campañas.

La reforma judicial es un proceso continuo, un camino en construcción que requiere la participación activa de todos los actores involucrados. La elección del primero de septiembre es solo el primer paso. El compromiso con la justicia debe ser una constante en la búsqueda de un México más justo y equitativo. El futuro del sistema judicial está en nuestras manos.