La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la CNTE ha generado un intenso debate en torno a la estrategia de diálogo del gobierno con el sindicato magisterial. Sheinbaum Pardo, con firmeza, delegó la responsabilidad de las negociaciones en la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmando que ambos poseen "toda, toda, toda la capacidad" para llevar a cabo este proceso. Esta decisión, lejos de ser un gesto de desinterés, podría interpretarse como una muestra de confianza en sus secretarios y una apuesta por la especialización en la gestión de este complejo tema. Sin embargo, también abre la puerta a interrogantes sobre el papel de la presidenta en la resolución de conflictos de esta magnitud y la posible percepción de una distancia con las demandas del magisterio.

La negativa a dialogar directamente con la CNTE, sumada a la reiterada afirmación de que la derogación de la Ley del Issste de 2007 es un punto innegociable, dibuja un escenario de tensión y posibles desencuentros. Si bien el gobierno argumenta que la actual ley, complementada con el fondo de pensiones para el bienestar, garantiza pensiones justas, la CNTE mantiene su postura en la derogación como condición fundamental para el diálogo. Este punto de inflexión se convierte en el núcleo del conflicto y exige una gestión cuidadosa para evitar una escalada de tensiones.

La referencia a la "injusticia" de las pensiones previas a la reforma de 2007, ilustrada con el ejemplo del maestro que con el antiguo régimen se jubilaría con un monto considerablemente menor a su salario, busca reforzar la narrativa del gobierno sobre los beneficios de la legislación vigente. Sin embargo, la CNTE argumenta que existen otras problemáticas derivadas de la ley actual, más allá del monto de las pensiones, que requieren una revisión integral. Este choque de narrativas dificulta el encuentro de puntos en común y pone de manifiesto la necesidad de un diálogo profundo y sincero para abordar todas las inquietudes del magisterio.

La mención de la edad de jubilación como otro tema de diálogo abre una ventana de oportunidad para la negociación. Flexibilizar este aspecto podría ser una concesión por parte del gobierno que, sin ceder en la derogación de la ley, permitiría avanzar en la construcción de acuerdos. Sin embargo, la CNTE ha manifestado que la edad de jubilación es solo uno de los muchos puntos a tratar y que no se conformarán con soluciones parciales.

El futuro de las negociaciones es incierto. La firmeza de la presidenta Sheinbaum Pardo y la intransigencia de la CNTE crean un clima de incertidumbre. La habilidad de los secretarios Rodríguez y Delgado Carrillo para encontrar puntos de convergencia será crucial para evitar un estancamiento del diálogo y la escalada del conflicto. El país observa atentamente el desarrollo de esta situación, consciente de la importancia de una educación pública de calidad y la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores de la educación. ¿Será posible encontrar un camino hacia la conciliación? El tiempo lo dirá.