La escasez de agua en Chihuahua ha alcanzado niveles críticos, y en medio de esta crisis, la reciente revelación sobre la apropiación ilegal de agua en el rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador César Duarte, ha encendido la indignación pública. No hablamos de una pequeña cantidad, sino de la impresionante cifra de 700 mil metros cúbicos de agua, suficiente para abastecer a miles de familias durante meses. Imaginen la magnitud del impacto: familias que luchan por conseguir agua para sus necesidades básicas, mientras que en este rancho, se construyó una presa, cinco represas y un pozo sin los permisos correspondientes, acaparando un recurso vital para el estado.

La denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República es un paso importante en la búsqueda de justicia. Es crucial que se investigue a fondo cómo se permitió esta apropiación ilegal, qué autoridades, si las hubo, estuvieron involucradas en este acto de corrupción y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables. No podemos permitir que la impunidad prevalezca en un tema tan sensible como el acceso al agua.

La suspensión provisional otorgada por una juez es, sin duda, un obstáculo en el camino hacia la justicia. Es fundamental que se revise a fondo la base legal de esta decisión, ya que, según lo declarado por la presidenta Sheinbaum Pardo, el tema ya había sido litigado previamente y no se había dado la razón al exgobernador. La transparencia en este proceso es esencial para asegurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Más allá de la denuncia penal, las acciones administrativas que se tomarán son cruciales. Recuperar el agua retenida ilegalmente en estas presas es una prioridad para aliviar la crisis hídrica en la región. Esta agua, que pertenece a una de las cuencas del tratado de 1944, debe ser devuelta al pueblo de Chihuahua. El agua es un recurso de la nación, no un privilegio de unos cuantos, y menos aún, de aquellos que han abusado del poder.

La lucha por el agua en Chihuahua es una lucha por la justicia social. Es una lucha por el derecho de todos los ciudadanos a acceder a un recurso fundamental para la vida. Es una lucha contra la corrupción y la impunidad. Y es una lucha que debemos ganar. La ciudadanía debe estar vigilante y exigir que se haga justicia en este caso. El agua es un bien común, y su gestión debe ser transparente y equitativa. No podemos permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo el bienestar de la comunidad. El futuro de Chihuahua depende de ello. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro? ¿Cómo se involucrará a la comunidad en la gestión del agua? Estas son preguntas que debemos hacernos y exigir respuestas.