La sombra de la impunidad se cierne sobre el tráfico de armas. La reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, protegiendo a los fabricantes de armas de la responsabilidad legal por el flujo ilícito hacia México, ha generado una profunda consternación y un rechazo categórico por parte del gobierno mexicano. Esta decisión, que ampara a las empresas argumentando la falta de pruebas sobre su complicidad directa en el tráfico, deja un amargo sabor de boca y abre interrogantes sobre la verdadera lucha contra la violencia que azota a nuestro país.

Si bien la Suprema Corte no se pronunció sobre la "proximidad del daño", es decir, la relación directa entre las acciones de los fabricantes y las consecuencias devastadoras en México, la decisión de desestimar la demanda sienta un precedente preocupante. ¿Acaso no es evidente el nexo entre la producción desmedida de armas y la violencia que desangra nuestras comunidades? ¿Hasta qué punto la industria armamentista puede escudarse en tecnicismos legales mientras el flujo de armas alimenta al crimen organizado?

La Secretaría de Relaciones Exteriores, con la firmeza que exige la situación, ha expresado su desacuerdo y ha reiterado su compromiso inquebrantable en la lucha contra el tráfico ilícito de armas. Agotamos todos los recursos legales y diplomáticos disponibles, porque la paz y la seguridad de las familias mexicanas no son negociables.

Los argumentos presentados por México, sólidos y contundentes, demuestran el daño irreparable que las empresas fabricantes de armas causan a nuestro país. No se trata simplemente de cifras frías, sino de vidas truncadas, de familias destrozadas, de comunidades sumidas en el miedo. El flujo incesante de armas alimenta la espiral de violencia, fortalece a los grupos delictivos y erosiona el tejido social.

La lucha no termina aquí. Si bien esta decisión representa un revés, la esperanza se mantiene viva. La segunda demanda presentada en Tucson, Arizona, contra cinco distribuidoras de armas, sigue su curso y nos brinda una nueva oportunidad para exigir justicia. Esta batalla legal se encuentra en la etapa de producción de evidencia, un paso crucial para demostrar la responsabilidad de quienes lucran con la muerte.

México no está solo en esta lucha. La visibilidad que hemos dado al problema del tráfico de armas ha trascendido las fronteras. La resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsada por nuestro país, es una muestra del respaldo internacional a nuestra causa. Además, esperamos con expectativa la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría marcar un hito en la búsqueda de justicia y reparación.

La indignación y la frustración son comprensibles, pero no podemos permitir que nos paralicen. Debemos redoblar esfuerzos, fortalecer la cooperación internacional y exigir que la industria armamentista asuma su responsabilidad en la tragedia que vivimos. La lucha por la paz y la seguridad es una tarea de todos, y no descansaremos hasta que las armas dejen de sembrar dolor en nuestra tierra.