La creciente ola de decomisos de marihuana en terminales de autobuses como la reciente en la Central Camionera de Tlaquepaque, donde se encontraron 4.4 kilogramos de la sustancia, nos obliga a reflexionar sobre la compleja situación legal de la cannabis en México. Si bien la percepción pública a menudo se inclina hacia una supuesta legalización total, la realidad es mucho más matizada. Este caso, con una maleta abandonada y tres paquetes de marihuana, ilustra la delgada línea que separa la tolerancia del delito. Imaginen la angustia de quien olvidó su equipaje, ¿un descuido fatal o una huida precipitada? ¿Era consciente de las consecuencias legales o simplemente desconocía la complejidad de la ley?

Más allá del drama individual, este incidente pone de manifiesto la necesidad de una clarificación en la legislación. La actual Ley General de Salud permite portar hasta 5 gramos para consumo personal, una cantidad que para muchos resulta insuficiente e incluso arbitraria. ¿Qué diferencia sustancial hay entre 5 gramos y 6? La ley, en su rigidez, no distingue entre el consumidor ocasional y el potencial traficante, dejando un amplio margen a la interpretación y, por ende, a la posible injusticia.

Si bien la Suprema Corte de Justicia ha emitido fallos que despenalizan la posesión en cantidades mayores, estos no han sentado un precedente general, creando una especie de limbo legal. La COFEPRIS ofrece permisos para uso personal, pero el proceso es burocrático y no exime de la posibilidad de ser detenido e interrogado. ¿Cuántos ciudadanos conocen realmente este trámite? ¿Cuántos tienen los recursos para navegar el laberinto legal que implica?

La discusión sobre la legalización de la marihuana en México es un debate pendiente. Mientras tanto, casos como el de Tlaquepaque seguirán ocurriendo. La incertidumbre legal genera un terreno fértil para la corrupción y la arbitrariedad. ¿Quién se beneficia de esta ambigüedad? ¿A quién perjudica? Las respuestas, lamentablemente, no son sencillas. Necesitamos un diálogo abierto y honesto que nos permita avanzar hacia una regulación clara, justa y que proteja los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su relación con la cannabis. El actual estado de las cosas solo contribuye a la confusión y a la perpetración de injusticias. Es hora de que la ley refleje la realidad social y deje de ser una herramienta de criminalización.