La tragedia que envolvió a Canaguá, estado Mérida, en febrero de 2016, resurge con la reciente condena de Yolanda Rujano Bustamante. Veintitrés años de prisión es la sentencia que ha recibido por el infanticidio de su propia hija, un acto que estremece a la sociedad venezolana y reabre el debate sobre la justicia y la protección de los más vulnerables. El caso, marcado por la crueldad y el abandono, nos obliga a reflexionar sobre las fallas del sistema y la necesidad de una respuesta más contundente ante crímenes de esta naturaleza.

La reconstrucción de los hechos, a partir de las investigaciones del Ministerio Público, dibuja un escenario desgarrador. Yolanda, sola y en la oscuridad de la madrugada, dio a luz a una niña. Un momento que debería haber sido de alegría y esperanza, se transformó en una pesadilla. Minutos después del parto, la vida de la recién nacida fue arrebatada por su propia madre. La imagen de Yolanda utilizando su propia blusa para asfixiar a la pequeña es una herida que difícilmente cicatrizará en la memoria colectiva. El posterior intento de ocultar el crimen, arrojando el cuerpo al río dentro de un costal junto con la ropa manchada de sangre, habla de una frialdad y un desprendimiento que resultan incomprensibles.

La demora de casi una década para llegar a una sentencia definitiva es otro aspecto que genera indignación y cuestionamientos. ¿Qué falló en el sistema judicial? ¿Por qué se prolongó tanto el proceso? Estas preguntas exigen respuestas claras y contundentes. La justicia tardía no es justicia. Las víctimas, en este caso una niña indefensa, merecen una respuesta rápida y eficaz por parte de las instituciones encargadas de velar por sus derechos.

La polémica desatada por la condena de 23 años pone de manifiesto la insatisfacción de la sociedad venezolana. Muchos consideran que la pena no es proporcional a la gravedad del delito. El infanticidio, el asesinato de un ser tan vulnerable e inocente, debería ser castigado con la mayor severidad. Se exige una revisión de las leyes y un endurecimiento de las penas para estos casos, con el objetivo de disuadir futuros crímenes y proteger a los niños, que son el futuro de cualquier nación.

Más allá de la condena, este caso nos invita a reflexionar sobre las circunstancias que pueden llevar a una madre a cometer un acto tan atroz. ¿Qué tipo de presiones o problemas estaba enfrentando Yolanda? ¿Recibió el apoyo necesario durante su embarazo y después del parto? Es fundamental abordar las causas subyacentes que pueden conducir a este tipo de tragedias, para prevenirlas y ofrecer a las mujeres las herramientas y el soporte que necesitan. La educación, el acceso a la salud y el apoyo social son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y segura para todos, especialmente para los más vulnerables. El caso de Yolanda Rujano Bustamante debe servir como un llamado de atención para fortalecer las políticas públicas en estas áreas y evitar que se repitan historias tan dolorosas como esta. El silencio y la indiferencia son cómplices de la violencia. Es nuestra responsabilidad como sociedad alzar la voz y exigir justicia para las víctimas y un futuro donde los niños puedan crecer seguros y protegidos.