En Monterrey, la lucha contra la desigualdad y la violencia de género se libra incluso en los vagones del transporte público. Desde hace años, la ciudad ha implementado espacios exclusivos destinados a proteger a quienes son más vulnerables. Sin embargo, la simple existencia de estos espacios no garantiza su respeto. Es por eso que el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Monterrey establece sanciones para aquellos que ignoren esta importante norma.

Es crucial entender que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Si un usuario ocupa indebidamente estos espacios reservados, puede ser sancionado, incluso si alega no estar al tanto de la reglamentación. Si bien esta falta cívica no genera antecedentes penales, la negativa a acatar las indicaciones de la autoridad puede desencadenar consecuencias legales más severas.

Las sanciones por ocupar estos espacios reservados van desde trabajo comunitario de tres a seis horas, hasta un arresto de tres a doce horas. Adicionalmente, se impone una multa económica que puede oscilar entre los 565.70 pesos y los 2,262.80 pesos, equivalente a entre cinco y veinte Unidades de Medida y Actualización. La severidad de la sanción queda a discreción del juez cívico, quien evaluará la gravedad de la falta cometida.

El proceso generalmente comienza con un apercibimiento por parte de la policía. Los oficiales suelen solicitar a las personas que desocupen el espacio reservado, evitando así la necesidad de mayores procedimientos. Sin embargo, si la persona se niega a cooperar, se procede con la detención y la presentación ante el juez cívico. Cabe destacar que, aunque la presentación ante un juez puede ser intimidante, en este caso no implica la generación de antecedentes penales. No obstante, resistirse al arresto sí puede acarrear consecuencias más graves.

Para facilitar la comprensión y el respeto de esta norma, el transporte público cuenta con una clara señalización. Anuncios, separadores y asientos pintados indican cuáles espacios están destinados a grupos vulnerables. Esta medida no busca segregar a la población, sino garantizar la accesibilidad y la inclusión de personas con movilidad reducida, discapacidad o en situación de vulnerabilidad ante la violencia de género.

Estos espacios reservados son fundamentales para construir una ciudad más inclusiva y segura. No solo garantizan un lugar para quienes lo necesitan por razones de movilidad, sino que también representan un refugio para mujeres que, lamentablemente, pueden ser víctimas de acoso o violencia en el transporte público. Al respetar estos espacios, contribuimos a crear un entorno más seguro y respetuoso para todos. Recordemos que la convivencia ciudadana se basa en el respeto mutuo y la consideración hacia las necesidades de los demás. En este sentido, ceder el asiento en el transporte público no es solo una cuestión de cortesía, sino una acción concreta que contribuye a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.