La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la falta de comprobación de 898 millones de pesos. En un tenso encuentro con la prensa, la alcaldesa no solo negó las acusaciones, sino que también rechazó categóricamente la posibilidad de renunciar a su cargo. Su defensa se centra en un argumento constitucional, afirmando que la única institución facultada para auditar los recursos federales es la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Citando el artículo 79 constitucional, López Rodríguez insistió en que no puede haber dos auditorías simultáneas para el mismo recurso, independientemente de su origen, ya sea del Ramo 33 o gasto federalizado.

Sin embargo, la situación se complica aún más con la existencia de un convenio entre la ASE y la ASF, que avala la revisión de los recursos por parte del organismo estatal. Este detalle, obviado por la alcaldesa, introduce un matiz legal que pone en tela de juicio la solidez de su defensa. La controversia se intensifica con las aparentes contradicciones en las declaraciones de López Rodríguez. Inicialmente, manifestó desconocer la existencia de una denuncia penal en su contra. No obstante, minutos después, confirmó haber promovido un amparo ante la ASF para evitar entregar la información solicitada por la ASE. Justificó esta acción con una frase que resonó con fuerza en la sala: "En Guerrero todo se puede", dejando entrever un posible escenario de irregularidades y falta de transparencia.

Esta declaración, lejos de aclarar su postura, abre la puerta a más interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos en el municipio. ¿Qué significa realmente que "en Guerrero todo se puede"? ¿Se refiere a una flexibilidad administrativa o a la posibilidad de eludir las responsabilidades legales? La ambigüedad de sus palabras alimenta la incertidumbre y la desconfianza en la gestión municipal.

Ante la creciente presión mediática y la gravedad de las acusaciones, la negativa de la alcaldesa a solicitar licencia añade otra capa de complejidad al caso. Argumentando que no existe ninguna afectación al municipio, López Rodríguez minimiza el impacto del escándalo y lo atribuye a lo que ella denomina "el Guerrero negro". Esta expresión, cargada de connotaciones políticas y sociales, sugiere la existencia de fuerzas ocultas que buscan desestabilizar su administración.

¿Se trata de una estrategia para desviar la atención del problema central o de una genuina percepción de la realidad política en Guerrero? Lo cierto es que la crisis financiera, sumada a la falta de transparencia y a las contradicciones en las declaraciones de la alcaldesa, genera un clima de inestabilidad y preocupación en la ciudadanía. El futuro de Acapulco y la gestión de Abelina López Rodríguez penden de un hilo, mientras la ASE y la ASF continúan investigando el destino de los 898 millones de pesos. La opinión pública exige respuestas claras y contundentes, y la alcaldesa deberá afrontar las consecuencias de sus actos y decisiones. El tiempo dirá si "en Guerrero todo se puede", incluso evadir la justicia.