La sombra de la impunidad se cierne nuevamente sobre Ayotzinapa. La absolución de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, ha reabierto heridas que aún supuran en el corazón de México. Aunque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que Abarca seguirá detenido por otros delitos, la decisión del tribunal colegiado ha generado una ola de indignación y desconfianza en el sistema judicial. ¿Cómo es posible que un personaje clave en la trama de la desaparición de los 43 normalistas quede absuelto por este cargo? La pregunta resuena en las calles, en las redes sociales y en la conciencia colectiva.

Sheinbaum, visiblemente contrariada, ha expresado su desacuerdo con la absolución, calificándola de inexplicable, especialmente cuando, según sus palabras, existe sustento en la investigación. Esta postura firme de la mandataria capitalina se suma al clamor de justicia que exigen los padres y madres de los 43, quienes llevan casi una década buscando la verdad y el castigo para los responsables. La promesa de fortalecer las investigaciones, en conjunto con la Fiscalía General de la República, ofrece un rayo de esperanza, aunque la desconfianza en el Poder Judicial sigue latente.

Este caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. La jefa de Gobierno recordó que el mismo Poder Judicial ha liberado a varias personas involucradas en el caso Ayotzinapa, lo que evidencia una preocupante tendencia a la impunidad. Se configura así un panorama complejo, donde la búsqueda de justicia se enfrenta a los muros de un sistema judicial que, en ocasiones, parece proteger a los victimarios en lugar de a las víctimas.

Ante esta realidad, la creación del nuevo tribunal de disciplina judicial cobra especial relevancia. Este organismo, según Sheinbaum, tendrá la tarea de evaluar la actuación de los jueces y juezas, con el objetivo de erradicar la corrupción y la negligencia dentro del Poder Judicial. La implementación de este tribunal representa un paso importante hacia la construcción de un sistema judicial más transparente y confiable, capaz de garantizar el acceso a la justicia para todos.

Sin embargo, la creación de un tribunal no es suficiente. Es necesario un cambio profundo en la cultura judicial, que promueva la ética, la responsabilidad y el compromiso con la verdad. La sociedad exige justicia para los 43 de Ayotzinapa y para todas las víctimas de la violencia y la impunidad en México. El caso Abarca es un recordatorio doloroso de la deuda pendiente que tiene el Estado con sus ciudadanos, una deuda que solo podrá saldarse con la verdad y la justicia.

La lucha por la memoria y la justicia continúa. Los padres y madres de los 43 no se rendirán hasta encontrar a sus hijos y ver a los responsables tras las rejas. La sociedad civil los acompaña en este camino, exigiendo un país donde la impunidad no sea la norma, sino la excepción. El futuro de México depende de la capacidad de sus instituciones para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. El caso Ayotzinapa es un símbolo de esa lucha, una lucha que no debe cesar hasta que la verdad y la justicia prevalezcan.