La participación ciudadana en la elección judicial del 1 de junio, aunque modesta con un 11.73%, superó las expectativas iniciales considerando las limitaciones de recursos y difusión. Comparándola con la consulta ciudadana de 2021 (7.1%) y la revocación de mandato de 2022 (17.7%), se observa un avance, si bien aún lejos del ideal. Este porcentaje, alcanzado sin financiamiento público y con escasa promoción de las candidaturas, demuestra un interés latente en la conformación del Poder Judicial. Sin embargo, la baja participación también refleja un desconocimiento generalizado sobre la labor de Ministros, Magistrados y Jueces, salvo quizás la figura del Juez de Distrito. Este desconocimiento es un punto crucial a abordar para fortalecer la conexión entre la ciudadanía y el sistema judicial.

Un factor a considerar es la circulación de los llamados "acordeones", listas prellenadas con los candidatos a elegir, lo cual requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para garantizar la transparencia del proceso. Es fundamental esclarecer si estos "acordeones" influyeron en la decisión del electorado y, de ser así, determinar las consecuencias pertinentes.

El Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de las restricciones presupuestales, logró organizar una jornada electoral en calma y orden. Su labor, que aún continúa con el conteo final de los votos, es destacable y demuestra la capacidad de la institución para llevar a cabo procesos electorales eficientes incluso en circunstancias complejas. El éxito logístico del INE contrasta con la apatía ciudadana, planteando la interrogante de si la baja participación se debe a factores ajenos a la organización del proceso.

Resulta inevitable relacionar esta elección judicial con el aniversario de las elecciones presidenciales y legislativas del año anterior, donde la actual oposición sufrió una contundente derrota. Es plausible pensar que, de haber sido diferente el resultado de esas elecciones, el panorama actual y la dinámica en torno a la elección judicial serían distintos. Este contexto político añade una capa de complejidad al análisis de la participación ciudadana y sus motivaciones.

El análisis demográfico de los votantes (edad, sexo, condición social, ubicación geográfica, etc.) será crucial para comprender las dinámicas de participación y planificar futuras estrategias para involucrar a un mayor porcentaje de la población. Identificar los grupos que participaron activamente y aquellos que se abstuvieron permitirá al Poder Judicial diseñar campañas de información y promoción más efectivas.

Quienes no ejercieron su derecho al voto, independientemente de sus razones, deberán aceptar las consecuencias de esta decisión, ya sean positivas o negativas. No tendrán la legitimidad para cuestionar los resultados, habiendo optado por la abstención. Si su intención era apoyar a las figuras del Poder Judicial existente, perdieron la oportunidad de hacerlo a través del voto.

El proceso electoral continúa, y ahora la atención se centra en el Tribunal Electoral y su papel en la resolución de las posibles impugnaciones. Esta etapa es fundamental para la legitimidad del proceso y la conformación definitiva del nuevo Poder Judicial. Estaremos atentos a las decisiones del Tribunal y su impacto en el panorama judicial del país.

En resumen, la elección judicial del 1 de junio, aunque con una participación modesta, presenta elementos tanto positivos como negativos. El reto para el futuro es fortalecer la conexión entre la ciudadanía y el Poder Judicial, promoviendo una mayor comprensión de su función y fomentando la participación activa en los procesos electorales. El análisis de los resultados y la actuación del Tribunal Electoral serán claves para consolidar un Poder Judicial legítimo y representativo.