En un país donde la memoria colectiva parece desvanecerse con la misma rapidez con la que se suceden los ciclos noticiosos, la politización de los procesos estratégicos del Estado no solo se convierte en una posibilidad, sino en una realidad casi inevitable. Observamos cómo lo verdaderamente esencial para el desarrollo y la estabilidad de la nación se relega a un segundo plano, mientras que las estrategias para la conservación del poder ocupan el centro del escenario. La reciente elección del Poder Judicial ilustra a la perfección este fenómeno. ¿Era realmente indispensable una depuración total del Poder Judicial? El análisis objetivo sugiere que no. Sin embargo, esta drástica medida se presentó como el paso ineludible para sustentar la narrativa del expresidente López Obrador y su, a menudo, arbitrario diagnóstico de un sistema completamente corrompido. Esta misma lógica, la de la “purificación” a través de la demolición, fue la empleada para la desaparición de instituciones clave como la Policía Federal o el INAI. Se construye un discurso de renovación sobre las cenizas de lo preexistente, sin una evaluación profunda de las consecuencias.

Recordemos la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Esta reforma marcó un verdadero punto de inflexión en nuestro sistema, estableciendo el sistema acusatorio, adversarial y oral. Se facultó a las policías para investigar delitos, se instauró la inteligencia como eje rector de la seguridad, y se creó un régimen especial para el combate al crimen organizado. Además, se promovieron medidas alternativas para evitar el abuso de la prisión preventiva, un tema crucial para garantizar los derechos humanos. Conscientes de la magnitud de estos cambios, se estableció una vacatio legis de ocho años para su correcta implementación.

Durante este periodo, se invirtieron recursos y esfuerzos en la especialización de jueces, abogados, policías, peritos y ministerios públicos. Con sus aciertos y errores, los juicios orales abrieron una puerta fundamental hacia la transparencia en las decisiones judiciales. Acreditar o no un delito requiere años de estudio, una actualización constante en dogmática penal y un seguimiento minucioso de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esta razón, es imperativo que los perfiles más capacitados y con mayor trayectoria en el Derecho ocupen estos cargos de alta responsabilidad. No se trata de improvisar, sino de consolidar un sistema de justicia robusto y confiable.

Impartir justicia no es una ciencia exacta, cada caso presenta sus particularidades y exige un análisis individualizado. Juzgar requiere interpretar la ley, aplicar la teoría del delito y, sobre todo, respetar el debido proceso. Esta tarea demanda mucho más que discursos grandilocuentes sobre justicia; requiere conocimiento, experiencia y un compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho.

La idea simplista de que los jueces liberan delincuentes por corrupción suele ignorar un aspecto fundamental: ante la falta de requisitos procesales, la Constitución misma impide juzgar. Este es el principio de legalidad, un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico. Si bien es innegable la existencia de actos de corrupción, no podemos generalizar y condenar a todo el sistema. La lucha contra la corrupción debe ser precisa y dirigida a los individuos que la perpetran, no una justificación para desmantelar instituciones.

Construir un sistema de seguridad pública con apego a la ley es un reto mayúsculo. Las acciones de las instancias que previenen, investigan y persiguen delitos deben pasar por el escrutinio judicial. Armar un caso sólido contra integrantes del crimen organizado no se logra únicamente con buena voluntad. No se trata de una aventura quijotesca, con Sancho Panza mediando en la ínsula Barataria, sino de procesos complejos que exigen conocimiento, rigor técnico, temperamento y serenidad. La improvisación en este ámbito puede tener consecuencias devastadoras.

La nueva conformación de la Corte, integrada por personas sin una sólida carrera judicial, genera inquietud. Habrá que observar con atención cómo se conforman los juzgados de Distrito y Colegiados, pero es probable que el panorama sea similar. A los jueces se les conoce por sus resoluciones. En poco tiempo sabremos ante qué clase de juristas estamos y, en consecuencia, podremos determinar si alimentamos el optimismo o pagamos el alto costo de jugar a la refundación de los poderes de la Unión. El tiempo, como siempre, será el juez final.