La economía mexicana se encuentra en una encrucijada. Dos de sus pilares fundamentales, las remesas y la Inversión Extranjera Directa (IED), muestran una preocupante tendencia a la baja, poniendo en jaque la estabilidad financiera de millones de familias y el crecimiento del país. Ante este panorama, la pregunta crucial es: ¿qué estrategias se están implementando para diversificar la economía y blindarla ante la volatilidad de estas fuentes de ingresos?

La caída del 12.1% en las remesas durante abril, la peor cifra desde 2012, enciende las alarmas. Millones de familias mexicanas, especialmente en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Guerrero y, cada vez más, en el sureste del país, dependen de estos envíos de dinero para su subsistencia. Esta dependencia, lejos de disminuir, se ha arraigado en el tejido social y económico, convirtiéndose en un factor de vulnerabilidad ante las fluctuaciones económicas externas. ¿Qué medidas se están tomando para impulsar el desarrollo económico local y generar empleos que permitan a estas familias dejar de depender de las remesas? ¿Se están implementando programas de apoyo para la creación de pequeñas y medianas empresas en estas regiones? ¿Se están fortaleciendo las capacidades productivas y la infraestructura para atraer inversión y generar oportunidades?

Por otro lado, el optimismo oficial respecto a la IED contrasta con la realidad de las cifras revisadas. Si bien el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebra el supuesto récord histórico de 21 mil 373 millones de dólares en el primer trimestre del año, un análisis más profundo revela una caída del 20.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aún más preocupante es que la mayor parte de esta inversión, el 92.66%, corresponde a reinversiones y cuentas entre compañías, mientras que la nueva inversión apenas alcanza el 7.34%. Este dato pone en tela de juicio el impacto real del nearshoring en la economía mexicana. ¿Se están implementando políticas públicas para atraer nuevas inversiones, más allá de las reinversiones? ¿Se está trabajando en la mejora del clima de negocios, la simplificación de trámites y la seguridad jurídica para incentivar la llegada de capitales extranjeros?

La política proteccionista del presidente estadounidense, Donald Trump, añade otra capa de complejidad al panorama. Su presión para que las empresas trasladen sus fábricas a territorio estadounidense representa una amenaza para la IED en México. A esto se suma la persistente problemática de la inseguridad y la falta de Estado de derecho, factores que desalientan la inversión y limitan el potencial de crecimiento del país. ¿Qué estrategias se están implementando para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad de las inversiones? ¿Se está trabajando en la creación de un ambiente de confianza que atraiga a los inversionistas y promueva el desarrollo económico sostenible?

Finalmente, los resultados electorales en Veracruz y las confusiones en torno a la elección judicial añaden incertidumbre al escenario político y económico. La derrota de Morena en Veracruz, atribuida a la mala gestión y la corrupción, plantea interrogantes sobre el futuro del partido en el estado. Por otro lado, el debate sobre la paridad de género en la presidencia de la SCJN y el uso de “acordeones” electorales ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar la transparencia en los procesos democráticos. ¿Qué medidas se tomarán para abordar estas problemáticas y asegurar la estabilidad política y la confianza en las instituciones?

El futuro económico de México depende de las respuestas a estas preguntas. La implementación de estrategias efectivas para diversificar la economía, fortalecer el Estado de derecho, atraer nuevas inversiones y promover el desarrollo social es crucial para superar los desafíos actuales y construir un futuro próspero para todos los mexicanos.