La histórica elección popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el pasado domingo 1 de junio de 2025, abre un nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial mexicano. Más allá de la renovación de rostros, este proceso nos obliga a reflexionar profundamente sobre el propósito fundamental de la justicia constitucional en nuestro país. ¿Qué esperamos de nuestra Suprema Corte? ¿Cuál es el rol que deben desempeñar los tribunales en la construcción de una sociedad más justa? La respuesta, sin lugar a dudas, radica en la defensa firme e independiente de los derechos fundamentales, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, el derecho a la educación, a menudo relegado a un segundo plano, emerge como una prioridad ineludible. Su reconocimiento constitucional no es suficiente; debemos traducirlo en una realidad tangible para millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Lamentablemente, en muchas regiones de México, el acceso a una educación de calidad se percibe más como un privilegio que como un derecho. Ante la inacción o la deficiencia del Estado en garantizar que todos los alumnos estén, aprendan y participen plenamente en el sistema educativo, el Poder Judicial tiene la obligación de intervenir y exigir el cumplimiento de este derecho fundamental.

La experiencia en comunidades marginadas revela que la exclusión educativa es, en gran medida, el resultado de decisiones –o de omisiones– institucionales. Escuelas en ruinas, carentes de infraestructura básica como agua, electricidad o techos dignos. Niñas y niños que asisten a clases sin recibir alimentación escolar ni contar con los materiales didácticos adecuados. Estudiantes que abandonan sus estudios prematuramente debido a la violencia que impera en sus comunidades o a las carencias estructurales que les impiden continuar su formación. Estas no son simples fallas administrativas; son violaciones flagrantes al derecho a la educación que deben ser atendidas con urgencia.

A lo largo de los años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido fallos relevantes en materia educativa, exigiendo la inclusión, la implementación de ajustes razonables para estudiantes con discapacidad, la progresividad de la gratuidad educativa, el reconocimiento de la educación en lenguas indígenas y la protección del acceso a una educación sexual científica y laica. Estos criterios deben servir como guía para los nuevos integrantes del Poder Judicial. Su legitimidad no se deriva únicamente del método de elección, sino de su compromiso inquebrantable con las personas más afectadas por la exclusión y la marginación.

La justicia no puede permanecer indiferente ante las condiciones que vulneran el derecho a la educación. La escuela deteriorada, la niña que camina horas para llegar a su salón de clases, el adolescente que abandona sus estudios por hambre o por miedo, son desafíos que demandan una respuesta contundente y comprometida por parte del Poder Judicial.

La reciente reforma constitucional que permitió la elección popular de jueces y magistrados, si bien se presentó como un avance democrático, genera inquietudes legítimas sobre la independencia del Poder Judicial. La posible alineación de las candidaturas con el partido oficial, la falta de información detallada sobre los perfiles de los aspirantes y el riesgo de subordinación al Ejecutivo son factores que, lejos de fortalecer la democracia, la debilitan.

Una justicia sometida no puede fungir como contrapeso ni garante de derechos. Por ello, el reto para los jueces y magistrados electos es doble: ejercer sus funciones con integridad e independencia, resistiendo cualquier intento de captura institucional, y proteger el marco constitucional que sustenta el derecho a la educación.

La justicia no puede tolerar que el derecho a la educación dependa del lugar de nacimiento. Debe responder con firmeza ante cada violación a los mínimos de dignidad. Cada niña o niño que aprende representa una historia que se aleja de la violencia, la marginación y la desesperanza.

Garantizar este derecho en contextos de profunda desigualdad, con infraestructura deficiente, cancelación de programas clave y exclusión de poblaciones vulnerables, constituye uno de los mayores desafíos para el nuevo Poder Judicial. El verdadero mandato es proteger la esencia del derecho a la educación: que cada niña, niño y adolescente adquiera las habilidades fundamentales para desarrollarse plenamente, participar activamente en la sociedad y construir un futuro con dignidad.

El derecho a aprender no puede quedar plasmado únicamente en la letra muerta de la Constitución. Debe ser una causa compartida por el Estado y por quienes imparten justicia. Desde las escuelas, las comunidades y los diversos espacios ciudadanos, seguiremos vigilando con atención el actuar del nuevo Poder Judicial. La defensa de la educación no se limita a los discursos; se materializa en los hechos y en los tribunales. Hacer valer este derecho en toda su dimensión –estar, aprender y participar– implica también recurrir a los mecanismos legales para su protección.