La reciente elección de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un debate en torno a la presidencia del máximo tribunal del país. Si bien la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ha aclarado que la presidencia la obtendrá quien tenga más votos, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la preferencia constitucional hacia las mujeres han avivado la discusión. Analicemos a fondo este complejo escenario.

La Constitución, en su artículo 94, establece la paridad de género en la composición de la Corte, garantizando la presencia de cinco mujeres y cuatro hombres. Sin embargo, no existe un mandato constitucional que determine que la presidencia deba ser ocupada por una mujer. La interpretación de Taddei Zavala se basa en la literalidad del artículo 94, que prioriza la votación obtenida por cada candidato para determinar la presidencia. Esto significa que, a pesar del principio de paridad, el candidato con mayor número de votos, independientemente de su género, asumirá la presidencia de la SCJN.

Este punto es crucial para entender el desarrollo de la elección y la posterior designación del presidente de la Corte. Si bien la paridad de género es un logro fundamental para la equidad en la representación, no debe confundirse con una cuota de poder en la presidencia. La Constitución busca equilibrar la composición de la Corte, pero la elección de su presidente se basa en el apoyo popular expresado a través del voto. Es un sistema que busca combinar la representatividad con la legitimidad democrática.

En este contexto, la victoria de Hugo Aguilar Ortiz en la elección de ministros lo posiciona como el futuro presidente de la SCJN. Su amplia ventaja en el conteo de votos le otorga la legitimidad necesaria para asumir el cargo, independientemente de las discusiones sobre la paridad de género en la presidencia. Este resultado nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en la conformación de los poderes del Estado. La masiva concurrencia a las urnas demuestra el interés de la población por incidir en la configuración del Poder Judicial.

La elección de los ministros, más allá de la designación del presidente, también ha traído consigo un renovado compromiso de las nuevas figuras del Poder Judicial. Las ministras Batres y Ortiz, con sus declaraciones públicas, han expresado su intención de trabajar por la justicia, la austeridad y la lucha contra la corrupción. Estos pronunciamientos generan expectativas en la ciudadanía y representan un desafío para el futuro de la SCJN.

La transparencia y la claridad en el proceso electoral son fundamentales para la consolidación de la democracia. La información oportuna proporcionada por el INE, incluyendo el anuncio de la fecha para la declaración de validez de las elecciones y la entrega de constancias, contribuye a la confianza en las instituciones y fortalece la participación ciudadana.

Finalmente, esta elección nos deja importantes lecciones sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático. La paridad de género como principio constitucional, la importancia del voto popular en la designación de cargos públicos y la responsabilidad de las autoridades electas ante la ciudadanía son elementos claves para la construcción de un Estado de Derecho sólido y representativo. La SCJN, con su nueva composición, tiene el reto de responder a las demandas de justicia y equidad de la sociedad mexicana.