La tragedia que rodea la muerte de María Andreina Farías Torres ha conmocionado a la comunidad de San Bartolo y al país entero. Lo que inicialmente parecía un trágico accidente de tránsito, se ha revelado como un crimen atroz, un acto de violencia extrema que ha dejado a una familia destrozada y a una comunidad clamando por justicia. La joven madre, originaria de San Bartolo, no solo perdió la vida en el frío asfalto, sino que fue víctima de una serie de abusos que culminaron con su asesinato a manos de quienes debían garantizar su seguridad, dos trabajadores de la empresa PCTelecom, encargados de llevar la conexión a su hogar.

El hecho de que los presuntos responsables sean personas que, en teoría, prestan un servicio a la comunidad, aumenta la indignación y la sensación de vulnerabilidad. La confianza depositada en estos individuos se ha visto traicionada de la manera más brutal posible. La reconstrucción de los hechos, a partir de las declaraciones del detenido Rubén Darío Cueva Velázquez y de las pruebas forenses, dibuja un escenario escalofriante. La visita de los técnicos, que debía ser rutinaria, se transformó en una pesadilla. El consumo de alcohol, la agresión sexual y la posterior discusión que desencadenó la furia homicida, son piezas de un rompecabezas que revela la barbarie de la que fue víctima María Andreina.

La cobardía de los agresores al intentar encubrir su crimen simulando un accidente de tráfico, añade otra capa de perversidad al caso. El atropello, captado por una cámara de seguridad, no fue un simple accidente, sino la culminación de una serie de actos violentos destinados a silenciar a la víctima. La imagen de Andreina confrontando a sus agresores, gritando que los denunciaría, permanece grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad.

La lenta respuesta inicial de las autoridades, que trataron el caso como un accidente de tráfico, es un punto que merece una profunda reflexión. ¿Cuántos casos similares se archivan sin la debida investigación, permitiendo que los culpables queden impunes? La presión de la familia y de la comunidad, junto con las evidencias forenses, fueron cruciales para que se reabriera el caso y se iniciara una investigación a fondo.

La detención de Rubén Darío Cueva Velázquez es un primer paso hacia la justicia, pero la búsqueda de Jean Carlos Montero Huaylinos, quien se encuentra prófugo, es crucial para completar el cuadro y esclarecer todos los detalles del crimen. La incautación de objetos personales de Montero en Huancayo, incluyendo un recibo de compra de combustible, ofrece una pista importante para seguir su rastro y llevarlo ante la justicia. La comunidad espera que la captura de Montero sea inminente y que ambos responsables reciban el castigo que merecen.

El caso de María Andreina Farías Torres no solo es una tragedia individual, sino un reflejo de la violencia que sufren muchas mujeres en nuestro país. Es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas, de garantizar una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades y de trabajar por una sociedad donde la vida de las mujeres sea valorada y respetada. La memoria de Andreina debe servir como un recordatorio constante de la lucha por la justicia y la erradicación de la violencia de género.