La sombra de la ilegalidad se cierne sobre el proceso electoral. El INE, con la lupa puesta en las redes sociales y las páginas web, sigue la pista del dinero destinado a propaganda no declarada, un laberinto digital donde se intenta desentrañar la procedencia de los fondos y la identidad de quienes se benefician de esta práctica oscura. No se trata solo de anuncios pagados, sino de una estrategia más sofisticada que incluye la difusión de información manipulada para inducir el voto, una práctica que atenta contra la transparencia y la equidad del proceso democrático.

El caso de los "acordeones", esos panfletos que circulan con información sesgada, se suma a la lista de irregularidades. Si bien ningún partido político ha sido directamente vinculado hasta el momento, la investigación sigue su curso, analizando la posible participación de servidores públicos y otras figuras que podrían estar detrás de su distribución. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL) ya ha sido notificada y trabaja en conjunto con el INE para esclarecer los hechos. El silencio de los responsables no detendrá la búsqueda de la verdad.

La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Rita Bell López, ha sido enfática: se revisarán minuciosamente las redes sociales y cualquier rastro de recursos utilizados para favorecer a alguna candidatura. Las tarjetas de crédito registradas para realizar los pagos son una pieza clave en este rompecabezas, y el INE está decidido a seguir la ruta del dinero hasta sus últimas consecuencias.

Mientras tanto, la cascada de deslindes continúa. Candidatos, desde ministros hasta jueces, se apresuran a negar su vinculación con los "acordeones". Incluso Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, han presentado documentación para desmarcarse de las acusaciones. ¿Se trata de una estrategia coordinada para evadir responsabilidades o de una genuina falta de conexión con las prácticas denunciadas? La investigación lo determinará.

La violencia política en razón de género, otro fantasma que recorre el proceso electoral, se manifiesta en 31 de las denuncias presentadas. Un dato alarmante que evidencia la persistencia de prácticas discriminatorias y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres que participan en la política. A estas denuncias, se suman otras por actos anticipados de campaña y conductas indebidas, un panorama que pone en tela de juicio el compromiso de algunos actores con el juego limpio y el respeto a las reglas.

La mirada internacional también está puesta en el proceso electoral mexicano. La visita de observadores de la UNIORE ofrece una oportunidad para evaluar el desarrollo de las elecciones y identificar áreas de mejora. Su experiencia y retroalimentación serán cruciales para fortalecer la democracia y garantizar la transparencia en futuros comicios. El INE, en su compromiso con la legalidad y la imparcialidad, continuará trabajando para esclarecer las denuncias y sancionar a los responsables de cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral. La democracia, como un edificio en construcción, requiere de la participación activa de todos para mantenerse firme y resistente a los embates de la ilegalidad.