La creciente preocupación por la seguridad de nuestros niños ha vuelto a encenderse tras la detención de dos hombres acusados de abuso sexual infantil en Jalisco. Estos casos, aunque separados, nos recuerdan la sombría realidad que muchos menores enfrentan y la importancia de estar alerta y proteger a los más vulnerables.

El primer caso, el de Esaú “N”, instructor de natación de 42 años, detenido cerca del Parque Metropolitano, nos golpea con la crudeza de la traición. Un hombre que, bajo el manto de una figura de autoridad y confianza, presuntamente abusó de la inocencia de cuatro menores a su cargo en un club deportivo de Zapopan. Imaginen la angustia de estos pequeños, la confusión y el terror que debieron experimentar. La investigación, a cargo de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, ha logrado reunir las pruebas necesarias para su detención, un primer paso hacia la justicia que estas víctimas merecen. El peso de la ley debe caer con toda su fuerza sobre aquellos que se atreven a robar la infancia y dejar cicatrices imborrables en el alma de nuestros niños.

La gravedad de este delito se ve reflejada en las posibles penas que Esaú “N” podría enfrentar, según el Código Penal del Estado de Jalisco. Desde uno hasta veinte años de prisión, dependiendo de la naturaleza de los actos y la edad de las víctimas. Y si a esto le sumamos las posibles agravantes, como el abuso de autoridad, la pena podría ser aún mayor. Es imperativo que se aplique todo el rigor de la ley para enviar un mensaje claro: estos actos no serán tolerados y quienes los cometan pagarán las consecuencias.

El segundo caso, el de Ramiro “N”, detenido en Tala, nos muestra otra faceta de este terrible problema. Un hombre que, presuntamente, se aprovechaba de la necesidad de menores que realizaban mandados a cambio de una propina. La denuncia, interpuesta por los padres de una de las víctimas, destapó una historia de abuso que habría ocurrido en la Colonia Barrancones. Imaginen la valentía de estos padres al enfrentar esta situación y la importancia de su denuncia para detener al presunto agresor. Este caso nos recuerda que el abuso puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en la aparente tranquilidad de un pequeño municipio, y que la vigilancia constante y la comunicación abierta con nuestros hijos son fundamentales para prevenirlo.

Ambos casos, aunque distintos en sus detalles, comparten un denominador común: la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades. La Fiscalía del Estado ha reiterado su compromiso con la protección de la infancia, pero más allá de las palabras, necesitamos acciones concretas. Necesitamos una mayor inversión en programas de prevención, una atención integral a las víctimas y sus familias, y un sistema judicial que garantice la justicia y la reparación del daño. No podemos permitir que estos casos se conviertan en una estadística más. Debemos trabajar juntos, como sociedad, para construir un entorno seguro para nuestros niños, donde puedan crecer libres del miedo y la violencia. La protección de la infancia es una responsabilidad de todos.