La tragedia que enluta a Chiapas tras la emboscada y asesinato de cinco valientes policías en Frontera Comalapa nos obliga a reflexionar sobre la compleja y preocupante situación de seguridad que aqueja a nuestro país. Más allá de la retórica política y las promesas de justicia, debemos analizar las raíces de esta violencia que cobra la vida de quienes tienen la misión de protegernos.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha prometido que se aplicará todo el peso de la ley. Una promesa necesaria, sin duda, pero que debe ir acompañada de acciones concretas y contundentes. No basta con la condena verbal, se requiere una investigación exhaustiva que no solo identifique a los autores materiales del crimen, sino que desmantele las redes criminales que operan en la región. ¿Qué intereses se esconden detrás de este ataque? ¿Se trata de crimen organizado, disputas por el territorio, o alguna otra motivación? La ciudadanía exige respuestas y, sobre todo, resultados.

El despliegue de un operativo conjunto con la Guardia Nacional es un primer paso, pero no la solución definitiva. La presencia de las fuerzas federales puede ayudar a contener la violencia en el corto plazo, pero no aborda las causas estructurales que la alimentan. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción son caldo de cultivo para la delincuencia. Mientras no se ataquen estos problemas de raíz, la violencia seguirá reproduciéndose.

La inseguridad no es un problema exclusivo de Chiapas, sino un flagelo que afecta a todo México. La vulnerabilidad de nuestros policías es un reflejo de la fragilidad del Estado de derecho. ¿Cómo podemos pedirles que arriesguen sus vidas si no les garantizamos las condiciones mínimas de seguridad, equipamiento y apoyo? Es imperativo fortalecer las instituciones policiales, no solo con recursos materiales, sino también con capacitación y una formación ética que les permita ejercer su labor con profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

La sociedad civil también tiene un papel fundamental que desempeñar. No podemos permanecer indiferentes ante la violencia que nos rodea. Debemos exigir a las autoridades que cumplan con su deber de protegernos, pero también debemos construir una cultura de paz y legalidad desde nuestras comunidades. La denuncia ciudadana, la participación en programas de prevención del delito y la promoción de valores cívicos son herramientas esenciales para combatir la inseguridad.

El minuto de silencio que se rindió a los policías caídos en Frontera Comalapa es un gesto de respeto y solidaridad, pero no es suficiente. Su sacrificio debe ser un llamado a la acción. Un llamado a la unidad, a la responsabilidad y al compromiso de todos los mexicanos para construir un país más seguro y justo. Un país donde las fuerzas de seguridad no sean víctimas de la violencia que juraron combatir, sino garantes de la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos. El camino es largo y difícil, pero no podemos claudicar. El futuro de México está en juego.