En un fallo que resonará en los cimientos del sistema judicial veracruzano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado la validez de las reformas al Poder Judicial del estado. Esta decisión, tomada tras una intensa deliberación, desestima en gran medida la impugnación presentada por un partido político, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la justicia en Veracruz. La controversia giraba en torno a la armonización del sistema judicial local con la reforma constitucional federal, un proceso complejo que ha generado debates en diversos ámbitos.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa jugó un papel crucial en la resolución del caso. Con la precisión jurídica que la caracteriza, argumentó la improcedencia de la acción interpuesta por el partido político. Su razonamiento se centró en la falta de legitimación del partido para cuestionar normas que no son estrictamente electorales. Esquivel Mossa delimitó claramente las competencias de las entidades de interés público, afirmando que, si bien pueden impugnar reglas relacionadas con los procesos electorales, no pueden extender su alcance a disposiciones ajenas a esta materia, como las relativas a licencias, retiro de jueces o el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial.

Un punto particularmente álgido del debate se centró en la disposición que regula el acceso a haberes de retiro y pensiones complementarias para las Magistradas y Magistrados en funciones al inicio del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, cuyo periodo concluya antes de las elecciones. La reforma establece que estos funcionarios, para acceder a dichos beneficios, deberán presentar su renuncia antes del cierre de la convocatoria relativa. La Ministra Esquivel Mossa defendió la validez de esta medida con firmeza, argumentando que busca garantizar la equidad en la contienda electoral.

Según su interpretación, las personas servidoras públicas que ya fueron nombradas y ejercieron sus cargos conforme a un mecanismo distinto al electoral, al participar en los comicios para un nuevo periodo, deben contender en igualdad de condiciones que las demás candidaturas. De lo contrario, se generaría un escenario de privilegio injustificado, donde quienes ya ejercieron el cargo bajo un sistema distinto podrían aspirar a prestaciones diferentes a las de las demás personas contendientes, incluso en caso de no resultar vencedores. Esta defensa de la equidad y la prevención de privilegios fue un elemento clave en la argumentación de la Ministra.

La decisión de la SCJN, al no alcanzar los votos necesarios para invalidar alguna disposición de la reforma, consolida el nuevo modelo judicial de Veracruz. Este modelo, que incluye la elección popular de jueces, se mantiene vigente, abriendo un abanico de posibilidades y desafíos para el futuro del sistema judicial en el estado. La repercusión de este fallo sin duda se extenderá más allá del ámbito jurídico, impactando en la vida política y social de Veracruz. Se abre un periodo de observación y análisis para comprender plenamente las implicaciones de este nuevo paradigma en la administración de justicia. Queda por ver cómo se desarrollará este nuevo sistema y cómo se garantizará la independencia e imparcialidad de los jueces elegidos por voto popular, una cuestión fundamental para la confianza ciudadana en el Poder Judicial.