La sombra del desalojo del Multiforo "Alicia" se alarga, cuatro días después, sobre la credibilidad de las instituciones. Un silencio incómodo, salpicado de condenas genéricas y promesas de investigación, se cierne sobre las explicaciones oficiales. Si bien la Jefa de Gobierno ha anunciado la separación de dos mandos involucrados, la opacidad persiste: ¿Quiénes son? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué consecuencias reales enfrentarán? La falta de transparencia alimenta la desconfianza, dejando la impresión de una apuesta arriesgada al olvido colectivo.

Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional, junto a otras instancias, se encuentra en plena operación de control de daños, sin percatarse, quizás, de que el daño ya está hecho. La imagen de unas fuerzas armadas que prometieron no reprimir, desplegadas con todo su arsenal frente a un concierto, es una herida difícil de cicatrizar. No se trata de mentiras, sino de una verdad a medias, una omisión calculada que busca diluir la responsabilidad en la vorágine informativa.

Este episodio nos recuerda la razón de ser de cuerpos policiales como la extinta Policía Federal Preventiva y la posterior Policía Federal: evitar precisamente la presencia del Ejército en la primera línea de la gestión de la seguridad pública. La imagen de militares con uniformes y fusiles interviniendo en situaciones civiles es un fantasma que daña la percepción de las Fuerzas Armadas. Un daño que cualquier gobierno, y en particular uno que ha hecho bandera de la crítica a la represión del pasado, debería evitar a toda costa.

El eficiente desalojo de Ciudad Universitaria en el año 2000, liderado por la Policía Federal Preventiva, ofrece un contraste revelador. En aquella ocasión, las imágenes proyectaron la actuación de una fuerza policial restituyendo el derecho a la educación, con el respaldo del entonces rector Juan Ramón de la Fuente y del presidente Ernesto Zedillo. ¿Por qué la diferencia de enfoque en el caso del Multiforo "Alicia"? ¿Se busca acaso un chivo expiatorio en las filas policiales para dar carpetazo al asunto?

La tardanza en la clarificación de los hechos sugiere la búsqueda de una salida que minimice el impacto político. Sin embargo, esta estrategia del silencio puede ser contraproducente. La “infección” de la desconfianza, como una herida mal curada, puede agravarse y extenderse si no se trata con la debida diligencia y transparencia.

Una alternativa sería replantear el rol de las Fuerzas Armadas en la atención de protestas y concentraciones masivas. Su presencia debería ser la excepción, no la regla, reservada para situaciones extremas que realmente requieran de su intervención. La Guardia Nacional, por su parte, debería asumir plenamente su lugar en el Gabinete de Seguridad, con la jerarquía y autonomía que le corresponde, sin la confusión actual que la presenta como una secretaría de Estado independiente. La coherencia en la comunicación oficial, incluyendo el uso correcto de logotipos e identificación institucional, es fundamental para evitar malentendidos y proyectar una imagen de orden y profesionalismo.

La pregunta central permanece: ¿a quién se le ocurrió que el desalojo de un concierto era la oportunidad ideal para exhibir el arsenal militar? Si no se ofrecen explicaciones convincentes y se revisan los protocolos de actuación, el riesgo de repetir este tipo de errores es latente. La transparencia y la rendición de cuentas son la mejor vacuna contra la desconfianza y la erosión de la legitimidad institucional.