La apatía ciudadana ante la integración del Poder Judicial el domingo pasado no debería sorprendernos. Más allá de las cifras oficiales de participación, el silencio de la gran mayoría, ese 87% del padrón electoral que no se presentó a las urnas, habla más fuerte que cualquier discurso político. No se trata simplemente de indiferencia, sino de una profunda desconexión entre la ciudadanía y un proceso que se percibe como lejano, complejo e incluso irrelevante para sus vidas cotidianas.

Mientras algunos celebraban la supuesta democratización del Poder Judicial, millones de mexicanos expresaron con su ausencia un mensaje claro: esta reforma no nos representa. No resuelve los problemas reales que enfrentamos día a día en materia de justicia. La complejidad del proceso, la falta de información accesible sobre los candidatos y la percepción generalizada de que el sistema judicial permanece fundamentalmente intacto, a pesar de los cambios en el proceso de nombramiento, contribuyeron a esta apatía generalizada.

Es fácil caer en la tentación de etiquetar esta falta de participación como simple desinterés o ignorancia. Sin embargo, un análisis más profundo revela una realidad mucho más compleja. La ciudadanía está cansada de las promesas incumplidas, de las reformas cosméticas que no se traducen en mejoras tangibles en sus vidas. La verdadera democratización no se limita a cambiar los mecanismos de selección, sino que implica una transformación profunda del sistema judicial, que lo haga más accesible, eficiente y transparente para todos.

La abogada Carla Escoffié, en un lúcido análisis publicado en sus redes sociales, resume esta frustración ciudadana con una simple frase: "Es más, ni le entiendo". Esta declaración refleja la confusión y la desconexión que muchos sienten ante un proceso que se presenta como una solución, pero que en realidad no aborda las deficiencias estructurales del sistema judicial. La falta de información clara y accesible sobre la reforma y sus implicaciones, sumada a la complejidad del proceso de votación, contribuyó a alejar aún más a la ciudadanía.

La verdadera urgencia reside en atender los problemas cotidianos que la gente enfrenta en su búsqueda de justicia: la corrupción, la impunidad, la lentitud de los procesos, la falta de acceso a la justicia para los más vulnerables. Mientras estas cuestiones fundamentales no se aborden con seriedad y eficacia, cualquier intento de reforma se percibirá como una mera simulación, un ejercicio de retórica política que no se traduce en cambios reales en la vida de los ciudadanos. El silencio del 87% es un llamado de atención, una demanda de justicia real y tangible, no de promesas vacías y reformas cosméticas. Es hora de escuchar la voz silenciosa de los millones que no votaron, y de trabajar en la construcción de un sistema judicial que realmente sirva a la ciudadanía. No basta con cambiar las reglas del juego, es necesario transformar el juego en sí mismo.