La resaca electoral nos deja un sabor amargo, una sensación de vacío y perplejidad ante la magnitud del desaire ciudadano. Las casillas, desoladas espectros de una participación democrática anhelada, reflejan la profunda desconexión entre la ciudadanía y un proyecto judicial percibido, en el mejor de los casos, como un laberinto confuso e inverosímil. No se trata simplemente de apatía, sino de una desconfianza arraigada, alimentada por la opacidad y la manipulación.

A pesar del evidente rechazo popular, el proceso se vio empañado por prácticas cuestionables, desde el uso de los "acordeones" hasta otras formas de inducción al voto. Lejos de promover una decisión informada y libre, se sembró la confusión y la incertidumbre. ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Cuáles eran sus propuestas? Preguntas que resonaban en las casillas, sin encontrar respuestas claras y concisas. Los propios electores, desorientados, se convertían en involuntarios cómplices de un proceso viciado de origen.

La concatenación de errores es abrumadora. La concentración de todas las boletas en una sola urna, una decisión logísticamente desastrosa, complicó el conteo y abrió la puerta a posibles irregularidades. La impresión masiva de 602 millones de boletas, de las cuales se utilizó apenas una fracción, y la falta de cancelación de las sobrantes, generan una sombra de duda sobre la integridad del proceso. ¿Qué destino les espera a esos millones de papeletas sin usar? La posibilidad de su utilización posterior, aunque remota, no puede descartarse.

Lo más preocupante es la tozudez con la que se pretende mantener este mecanismo, a pesar de su evidente fracaso. La falta de voluntad de escucha y rectificación por parte de Morena desdibuja el supuesto objetivo de mejorar la justicia y lo reemplaza por la sospecha de una agenda oculta. El argumento del "mandato de las urnas" se desvanece como un espejismo ante el desprecio generalizado que despertó el ejercicio.

La justicia no debe ser popular, no debe someterse a los vaivenes del populismo. La independencia judicial, pilar fundamental de un Estado de Derecho, se ve amenazada por una corriente destructiva que avanza inexorablemente. Quienes hoy aplauden esta maniobra, mañana lamentarán las consecuencias de un sistema judicial debilitado y politizado. La historia les pasará la factura.

El panorama para la elección de 2027 es dantesco. La incompatibilidad entre las elecciones normales y las judiciales augura un escenario de caos e incertidumbre. Sin una reforma constitucional que corrija los errores actuales, el futuro de la justicia en México se presenta sombrío.

La ausencia de denuncias por corrupción en el Poder Judicial plantea interrogantes inquietantes. ¿Cuál fue entonces el verdadero motivo detrás de esta maniobra? ¿Una venganza política del expresidente? ¿Una muestra de debilidad de la actual presidenta, incapaz de frenar la hemorragia? La sombra de la duda se cierne sobre el proceso, alimentando la desconfianza ciudadana.

La desacreditación del INE, eco de lo ocurrido con otras instituciones como Transparencia, Competencia Económica y Telecomunicaciones, se perfila como la excusa perfecta para centralizar la función electoral y consolidar un golpe de Estado silencioso.

Estamos ante una encrucijada histórica. No podemos ser meros espectadores de la destrucción institucional. La ciudadanía debe alzar la voz, exigir transparencia y rendición de cuentas, y oponerse a los abusos de poder. Aún estamos a tiempo de evitar la debacle total.