La saga legal entre Laura Bozzo y la pareja de actores Gabriel Soto e Irina Baeva continúa dando de qué hablar. Recordemos que la controversia se originó en marzo de 2020, cuando Bozzo, conocida por su estilo directo y polémico, criticó públicamente a Baeva por su relación con Soto, quien en ese momento estaba casado. Las declaraciones de la conductora peruana no cayeron en saco roto, y la pareja decidió emprender acciones legales por daño moral, difamación y acoso.

Inicialmente, un fallo judicial parecía condenar a Bozzo al pago de dos millones de pesos como indemnización. La noticia corrió como la pólvora, generando especulaciones sobre el posible embargo de sus bienes, marcas y derechos. La sentencia, fechada el 11 de diciembre de 2024, aprobó la cantidad mencionada por el daño moral ocasionado a la actriz. Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado.

Jair Silvestre, abogado de Laura Bozzo, ha salido a la luz para aclarar la situación. En una entrevista exclusiva, Silvestre explicó que si bien existió una primera sentencia condenatoria, su equipo legal logró revertir el procedimiento al interponer diversos recursos. Según el abogado, se detectaron violaciones procesales que llevaron a un magistrado a revisar el caso y anular la sentencia inicial.

Esto significa que, por el momento, Laura Bozzo no está obligada a pagar los dos millones de pesos. El caso regresará a la etapa de desahogo de pruebas, lo que abre la posibilidad de una nueva sentencia, potencialmente con una cifra menor. La defensa de Bozzo argumenta que no se cometió ningún delito y, por lo tanto, no se justifica una condena con una indemnización tan elevada.

El futuro legal de Laura Bozzo sigue en el aire. Mientras se espera la nueva resolución, la controversia mantiene el interés del público, que sigue de cerca cada detalle de este complejo proceso judicial. ¿Será declarada inocente? ¿Se reducirá la indemnización? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que este caso nos recuerda la importancia de la responsabilidad al expresar opiniones públicamente, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La línea entre la libertad de expresión y la difamación puede ser tenue, y las consecuencias legales pueden ser significativas.