El análisis de los resultados de la elección judicial deja un sabor amargo y una profunda preocupación por el futuro de la justicia en México. Celebrar un supuesto "éxito" con una participación ciudadana tan baja, del 11.5%, es un insulto a la democracia. Es la participación más baja desde 1994, un dato demoledor que evidencia la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones. No podemos ignorar el abrumador 87.5% de abstencionismo, ni los 522 millones de boletas sin usar. Estos números gritan, denuncian una apatía generalizada que debería encender todas las alarmas. Comparado con el 60% de participación en la elección anterior, la caída es estrepitosa y, aún más preocupante considerando la movilización de recursos públicos y la constante campaña del oficialismo.

Es inevitable cuestionarse el destino de los dos mil 541 candidatos que no lograron un cargo, de los tres mil 422 que participaron por las 881 posiciones disponibles. ¿Qué harán estas personas ante la evidente inequidad y la violación del principio del voto libre y secreto? Si no fueron incluidos en los “acordeones” que circularon antes y durante la jornada electoral, uno esperaría que, como expertos en derecho, se defiendan y alcen la voz ante estas irregularidades.

La afirmación de que somos el país más democrático del mundo resulta una burla ante la realidad. La democracia no se limita a la celebración de elecciones, sino que exige el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Con 100 mil desaparecidos, 217 mil muertos, 23 millones de niños sin esquema completo de vacunación y 15 millones de recetas sin surtirse anualmente, hablar de democracia en México se convierte en una dolorosa ironía.

La supuesta libertad con la que la gente ejerció su voto es otra falsedad. Fuimos testigos de la distribución de “acordeones” con nombres de candidatos afines al oficialismo, tanto antes como durante la elección. Esta práctica manipuladora mina la esencia misma del voto secreto y pone en entredicho la legitimidad del proceso.

La incertidumbre sobre la presidencia de la Corte es otro punto crítico. La reforma realizada al vapor y sin consenso, impulsada por una mayoría espuria, ha generado un conflicto entre los artículos 97 y 94. Mientras el primero establece la elección por mayoría de los ministros del Pleno por un periodo de cuatro años, el segundo, reformado en septiembre de 2024, propone una renovación bianual rotatoria basada en los votos obtenidos por cada candidatura. La división del voto entre las tres candidatas cercanas al oficialismo parece allanar el camino para Hugo Aguilar Ortiz, quien, según la reforma al Artículo 94, podría presidir la Suprema Corte de la Nación.

Lejos de mejorar el sistema de justicia, esta elección lo empeora. Si la intención del oficialismo hubiera sido fortalecerlo, se habría priorizado la independencia judicial, la reforma de las fiscalías para combatir la impunidad, y el fortalecimiento de la defensoría pública y la carrera judicial para garantizar la integridad, capacidad, independencia y honestidad de sus integrantes.

Ahora, solo nos queda esperar y observar qué jueces tendremos. Seguramente habrá sorpresas, y no necesariamente agradables. El panorama es desolador, y la preocupación por el futuro de la justicia en México es profunda.