La cruzada contra la evasión fiscal se encuentra en un punto crítico. Las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum Pardo, al revelar que el 90% de las investigaciones en delitos fiscales han sido frenadas por el Poder Judicial, abren un debate crucial sobre la eficacia del sistema en la lucha contra este flagelo. La cifra, impactante por donde se la mire, plantea interrogantes sobre las posibles fallas en el proceso, desde la presentación de las denuncias hasta la obtención de las órdenes de aprehensión. ¿Se trata de tecnicismos legales que impiden el avance de las investigaciones? ¿Existe una falta de coordinación entre el SAT, la Fiscalía y el Poder Judicial? ¿O hay algo más profundo, una posible influencia de intereses poderosos que buscan proteger a los evasores?

La solicitud de la Presidenta al Fiscal General de la República para que presente un informe detallado sobre estos casos es un paso crucial para transparentar la situación y entender las razones detrás de este preocupante estancamiento. La ciudadanía merece saber por qué, a pesar de los esfuerzos del SAT en la detección y denuncia de estos delitos, la justicia parece no llegar.

La información proporcionada por el SAT, que detalla miles de denuncias presentadas y personas vinculadas a proceso, contrasta fuertemente con el bajo número de casos que logran avanzar en el sistema judicial. Si bien se han logrado algunas condenas y sanciones, la sensación general es que la impunidad prevalece. ¿Es suficiente con las penas actuales? ¿Se necesita una reforma legal que endurezca las sanciones y agilice los procesos? Estas preguntas deben ser abordadas con urgencia para fortalecer la lucha contra la evasión fiscal.

La alta calificación obtenida por el SAT en el Indicador de Honestidad por Experiencia en Servicios (IHES) es un dato relevante. Demuestra la confianza de los contribuyentes en la institución y en su labor de fiscalización. Sin embargo, esta confianza puede verse erosionada si la percepción de impunidad continúa. De nada sirve un SAT eficiente si el sistema judicial no acompaña con la misma eficacia.

La mención de una "mesa de trabajo" entre el SAT y la Fiscalía es un indicio positivo de que existe una voluntad de colaboración entre ambas instituciones. No obstante, la Presidenta Sheinbaum señala que, incluso en casos evidentes, los jueces no actúan. Este punto es particularmente alarmante y exige una investigación profunda. ¿Qué tipo de presiones o influencias podrían estar impidiendo que los jueces cumplan con su deber?

La lucha contra la evasión fiscal es una tarea compleja que requiere la colaboración de todos los actores involucrados. El Poder Judicial juega un papel fundamental en este proceso, y la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar la justicia y la equidad. El país necesita respuestas claras y contundentes para asegurar que los recursos públicos no se pierdan por la acción de quienes buscan evadir sus responsabilidades fiscales. El futuro de la economía y el bienestar social dependen de ello.