La jornada electoral del domingo pasado nos deja un sabor agridulce, una mezcla de apatía ciudadana y triunfalismo político. Apenas trece millones de personas, una cifra irrisoria en un país de nuestra envergadura, decidieron ejercer su derecho al voto en un proceso que, desde su concepción, estuvo plagado de complejidades y confusiones. Ahora, ambos bandos, oficialismo y oposición, se adjudican la victoria, interpretando los resultados a su conveniencia.

El gobierno en turno, eufórico, celebra la "histórica" elección – aunque habría que preguntarse qué tan histórico es un evento con tan poca participación ciudadana – y minimiza la baja afluencia comparándola con los votos obtenidos por los partidos tradicionales en las pasadas elecciones presidenciales. Una comparación, dicho sea de paso, que no solo es falaz, sino que también revela una preocupante desconexión con la realidad. ¿Acaso se puede celebrar una victoria cuando la gran mayoría de la población decide simplemente no participar?

Por otro lado, la oposición, con cierta dosis de cinismo, se aferra a la baja participación como prueba irrefutable del fracaso del proceso y denuncia, no sin razón, las prácticas clientelares y el acarreo – aunque menos evidente que en otras ocasiones – orquestados desde el partido en el poder. Si bien es cierto que la abstención fue masiva, también es cierto que la oposición, en su afán de boicotear la elección, renunció a la posibilidad de influir en la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una estrategia, a mi juicio, cortoplacista y poco efectiva.

En este intrincado panorama, ¿qué podemos rescatar? Más allá de los discursos triunfalistas y las acusaciones mutuas, es fundamental analizar con objetividad los resultados y sus implicaciones para el futuro del país. La baja participación ciudadana, lejos de ser un tema menor, es un síntoma alarmante de la desconfianza y el desencanto que permean nuestra sociedad. Es una llamada de atención que nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de nuestros mecanismos democráticos y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana.

Por otro lado, la ausencia de incidentes violentos y la discreta presencia de las maquinarias partidistas son aspectos positivos que no debemos pasar por alto. Si bien la abstención fue masiva, también es cierto que el proceso se desarrolló con relativa calma y sin las presiones y actos de intimidación que han caracterizado otros comicios.

Finalmente, y quizá el aspecto más esperanzador de esta elección, es la posibilidad de que, si las tendencias se confirman, el próximo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena oaxaqueño con una sólida trayectoria y reconocidos antecedentes. Un mixteco presidiendo la Corte. Una imagen poderosa, un símbolo de inclusión y un paso importante hacia una justicia más representativa y equitativa.

Sin embargo, no podemos caer en la ingenuidad. La elección de un Ministro Presidente indígena, por sí sola, no garantiza una transformación profunda del sistema judicial. Es necesario implementar reformas estructurales que aborden las deficiencias y corrupción que han plagado nuestro sistema de justicia durante décadas. Es una tarea compleja y de largo plazo, pero es una tarea que no podemos postergar más.