La tensión se palpa en el aire en Sinaloa. El reciente enfrentamiento entre agentes de la Policía Municipal de Culiacán y la Policía Estatal Preventiva (PEP) ha desatado una ola de interrogantes y exige respuestas contundentes. El Gobernador Rocha Moya, en un intento por calmar las aguas, ha confirmado la apertura de una investigación administrativa y disciplinaria. Sin embargo, la simple retención de los siete policías municipales involucrados no parece suficiente para saciar la sed de justicia y transparencia que demanda la ciudadanía. La escena, ocurrida a las afueras de una clínica privada, se asemeja a un fotograma de una película de suspenso: policías contra policías, una denuncia anónima sobre heridos de bala, una supuesta negativa a colaborar y un silencio institucional que retumba más fuerte que cualquier disparo.

¿Qué sucedió realmente esa noche? ¿Cuál fue el motivo de la presencia de los agentes municipales en el lugar? ¿Actuaban bajo órdenes o por iniciativa propia? ¿Hubo exceso de fuerza? Estas preguntas, que flotan en el aire como espectros, deben ser respondidas con celeridad y precisión. La investigación, según el Gobernador, deberá determinar si existió alguna falta administrativa o incluso algún delito que deba ser turnado a la Fiscalía. Pero más allá de las responsabilidades legales, este incidente pone de manifiesto una fractura, una preocupante falta de coordinación entre las distintas corporaciones policiales. ¿Cómo podemos esperar que la policía proteja a la ciudadanía si ni siquiera pueden colaborar entre ellos?

La voz del diputado Sergio Torres Félix resuena con fuerza en medio de la incertidumbre. Sus palabras, cargadas de preocupación, reflejan el sentimiento de muchos sinaloenses. La falta de claridad, la ausencia de una postura oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, alimenta la desconfianza y erosiona la percepción de gobernabilidad. Un incidente de esta magnitud no puede ser barrido bajo la alfombra. Exige una respuesta contundente, una acción decidida que demuestre el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.

Mientras la investigación sigue su curso, la ciudadanía espera con impaciencia. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. El gobierno de Sinaloa tiene la responsabilidad de actuar con prontitud y firmeza para esclarecer los hechos y restaurar la tranquilidad. No basta con anunciar programas de prevención de desastres naturales y construir nuevas facultades. La seguridad es la base sobre la cual se construye el futuro, y sin ella, todos los sueños se desvanecen como castillos de arena. El llamado a la unidad y a la colaboración entre las fuerzas del orden es más urgente que nunca. Sinaloa necesita una policía que trabaje en conjunto, no una que se enfrente a sí misma. La paz y la tranquilidad de la ciudadanía dependen de ello. El futuro del estado está en juego.