La embotelladora Niágara Bottling se encuentra en el ojo del huracán, no por una estrategia comercial agresiva, sino por las crecientes controversias legales que la rodean, poniendo en tela de juicio las prácticas de toda la industria del agua embotellada. Desde su llegada al Estado de México en 2019, bajo la administración de Alfredo del Mazo Maza, la empresa de Andy Peykoff ha enfrentado la resistencia de comunidades campesinas que denuncian la disminución del agua en sus pozos debido a la operación de la planta. Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dirigida por Efraín Morales, defiende la validez del permiso otorgado a Niágara, la Jueza Cuarto de Distrito en el Edomex, Pamela López Swain, ha fallado a favor de los campesinos, argumentando que la extracción de casi tres mil millones de litros de agua por parte de la multinacional sí impacta negativamente la disponibilidad del recurso en la región.

Esta sentencia ha sentado un precedente crucial, animando a otros grupos campesinos a emprender acciones legales contra gigantes como Coca-Cola Femsa, de Ian Craig, dueña del agua Ciel. La planta de Toluca, la más grande del mundo, extrae dos mil millones de litros anuales en una zona del Valle de México declarada en veda desde la década de 1960 por la escasez de agua. La Jueza Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, Diana Abraján Peña, no sólo ha admitido la demanda contra Coca-Cola, sino que ha solicitado acceso a la sentencia condenatoria contra Niágara, un gesto que se interpreta como un posible indicio del resultado del juicio contra la transnacional presidida por James Quincey.

La jurisprudencia en contra de Niágara se ha convertido en un estandarte para los que se oponen al control del agua por parte de la industria, poniendo en jaque a otras empresas como Danone, con Bonafont, dirigida por Silvia Dávila; Nestlé, con Pureza Vital, presidida por Fausto Costa; y PepsiCo, con E-pura y Aquafina, liderada por Paula Santilli. Estas compañías, antes vistas como importantes actores económicos, ahora enfrentan el riesgo de ser consideradas un "cártel del agua", lucrando con la escasez en las zonas más vulnerables del país.

La última esperanza de Niágara reside en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que revisará la sentencia. La confirmación de la misma establecería una jurisprudencia obligatoria en el Estado de México, mientras que su revocación significaría un respiro para la industria. En cualquier caso, tanto campesinos como empresarios se enfrentan a un escenario de todo o nada.

Por otro lado, las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, bajo el mando de Abelardo Valenzuela, contra López Elías Finanzas Públicas, por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionados con el refinanciamiento de la deuda pública en 2019, se tambalean sobre una serie de inconsistencias. La propia Fiscalía reconoce que la firma de Pedro López Elías no fue contratada por el gobierno de Javier Corral, sino por Banregio, de Manuel G. Rivero Santos, dentro de un refinanciamiento autorizado por el Congreso. Esto desmorona la acusación de colusión entre el exgobernador, su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, y la empresa privada. Además, la Fiscalía califica a López Elías como "empresa fantasma", a pesar de que está legalmente constituida desde 2003, registrada en el SAT e IMSS, y con un historial comprobado de servicios financieros a entidades públicas y privadas.

En Zacatecas, la construcción del viaducto elevado impulsado por el gobierno de David Monreal se ha detenido tras nueve suspensiones otorgadas por jueces federales en respuesta a 14 amparos de organizaciones ciudadanas. El proyecto, que ya había recibido un adelanto de 547 millones de pesos a Grupo Hycsa, de Alejandro Calzada, ahora deberá ser reevaluado, analizando posibles devoluciones y dejando el sitio en su estado original.

Finalmente, el INAH, dirigido por Diego Prieto, ha adjudicado el contrato de vigilancia de sus inmuebles en 27 entidades a SSS Asistencia y Supervisión y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, por un monto superior a 229 millones de pesos. Grupo de Seguridad Privada Pryse de México también recibió una pequeña partida de 13 millones para la seguridad de inmuebles en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas. Este contrato, aunque con retraso, garantiza la protección del patrimonio cultural del país.