La indignación recorre las venas digitales de México. Un video, crudo y desgarrador, ha expuesto la brutalidad del maltrato animal en el estado de Hidalgo. En Santa María Asunción, municipio de Tulancingo, una mujer fue captada in fraganti mientras intentaba, aparentemente, ahorcar a un perro indefenso, colgándolo de un árbol. La imagen del animal, un can de pelaje negro con manchas café, suspendido en el aire a cuatro metros de altura, ha conmocionado a la sociedad, generando una ola de repudio y exigencias de justicia.

El acto de barbarie, registrado por un vecino que presenció la escena desde su ventana, no solo muestra la crueldad del acto, sino también la valentía de quien grabó, confrontando a la agresora y posiblemente salvando la vida del animal. La rápida difusión del video en redes sociales ha actuado como un catalizador, amplificando la voz de la indignación colectiva y presionando a las autoridades para que actúen con celeridad y contundencia. No se trata solo de un caso aislado, sino del reflejo de una problemática profundamente arraigada.

Windy Jaqueline Guerrero Rodríguez, al frente de la Dirección de Medio Ambiente de Tulancingo, ha confirmado la presentación de una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). La apertura de una carpeta de investigación es un primer paso, pero la sociedad exige que se llegue hasta las últimas consecuencias. La funcionaria ha asegurado que el perro, rescatado por personal de la dependencia, se encuentra recibiendo atención médica veterinaria y que el municipio colaborará activamente con la procuraduría para garantizar que la justicia prevalezca. Sin embargo, la pregunta que resuena en la mente de muchos es: ¿será suficiente?

La promesa de aplicar los protocolos establecidos y la búsqueda de justicia choca con la realidad de un sistema que, a menudo, parece fallar a los más vulnerables. Ochenta denuncias por maltrato animal en el primer semestre de 2025, según la propia Dirección de Medio Ambiente de Tulancingo, pintan un panorama desolador. La concentración de estos casos en zonas altas y comunidades periféricas sugiere una posible falta de visibilidad y atención a estas áreas, dejando un espacio propicio para la impunidad.

Activistas y organizaciones protectoras de animales han denunciado la ineficacia de las autoridades a la hora de sancionar estos actos de violencia. La legislación existe, el Código Penal del estado de Hidalgo contempla penas de 6 meses a 4 años de prisión y multas de hasta 21 mil 714 pesos para quienes maltraten animales, incrementándose en casos de muerte. Pero la aplicación efectiva de la ley sigue siendo un desafío.

Este caso en Tulancingo se convierte en un símbolo, en la representación de la lucha contra la crueldad animal. La mirada del perro, la impotencia ante la agresión, se clava en la conciencia colectiva. La exigencia de justicia trasciende las redes sociales y se convierte en un clamor por un cambio real, por una sociedad que valore y proteja a todas las formas de vida. ¿Se hará justicia para este perro? ¿Se convertirá este caso en un punto de inflexión en la lucha contra el maltrato animal en Hidalgo? El tiempo y las acciones de las autoridades lo dirán. Mientras tanto, la sociedad permanece vigilante, esperando una respuesta contundente que demuestre que la vida de un animal, también importa.