La reciente elección judicial ha dejado un regusto amargo en el Poder Judicial de la Federación, una sensación de desilusión y traición que resuena en los pasillos de los tribunales. No se trata simplemente de la derrota electoral de algunos jueces, sino de algo mucho más profundo: la pérdida de la dignidad y el prestigio de la carrera judicial. El Colectivo Artículo 41, voz crítica y vigilante del sistema, ha denunciado la instrumentalización de algunos juzgadores, quienes, cegados por la ambición de poder, se prestaron a un juego político en el que fueron meros peones.

Estos magistrados, seducidos por la promesa de ascensos y cargos de mayor relevancia, abandonaron los principios de independencia e imparcialidad que deben guiar su labor. Se mimetizaron con el discurso oficialista, renunciando a su propia voz y a la defensa del Estado de Derecho. Se convirtieron en actores políticos, olvidando su rol como garantes de la justicia.

La estrategia, denuncian los magistrados del Colectivo Artículo 41, era clara: utilizar la participación de estos jueces para dar una apariencia de legitimidad al proceso electoral. Su presencia en las boletas serviría para acallar las críticas y presentar una imagen de competencia democrática. Sin embargo, el poder político, como un titiritero que abandona sus marionetas una vez terminada la función, los descartó sin miramientos una vez conseguidos sus objetivos.

La pregunta que resuena con fuerza es: ¿quién puede confiar en un juez que traiciona los principios fundamentales de su profesión? ¿Cómo puede un magistrado que ha sacrificado su independencia en el altar de la ambición, impartir justicia con ecuanimidad y rectitud? La respuesta, lamentablemente, es evidente: la confianza se ha erosionado, la credibilidad se ha perdido. Y no solo la confianza de la ciudadanía, sino también la de aquellos que los utilizaron, quienes, conocedores de su falta de escrúpulos, jamás depositarían en ellos la verdadera responsabilidad del poder.

Este episodio deja una profunda herida en el Poder Judicial. La ambición desmedida de algunos ha manchado la imagen de todos. El camino hacia la recuperación de la confianza será largo y arduo. Requerirá de una profunda reflexión sobre los valores que deben guiar la carrera judicial, de un compromiso inquebrantable con la independencia y la imparcialidad, y de la valentía para denunciar y erradicar las prácticas que socavan la integridad del sistema. La justicia, como pilar fundamental de un Estado democrático, no puede estar en manos de quienes la han traicionado.

El Colectivo Artículo 41, consciente de la gravedad de la situación, se mantiene firme en su defensa de la independencia judicial. Su voz, crítica y comprometida, es un llamado a la reflexión y a la acción. Es un recordatorio de que la justicia no es un juego político, sino un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por jueces íntegros e independientes. La lección que deja esta elección judicial es dolorosa, pero necesaria: la ambición desmedida y la falta de ética tienen un precio muy alto, y en este caso, ese precio es la pérdida de la confianza y la credibilidad del Poder Judicial. La reconstrucción de esa confianza es un desafío que exige el compromiso de todos.