La maquinaria de la justicia, se supone, debe ser un engranaje preciso y aceitado, donde cada pieza funciona en sincronía para garantizar la aplicación de la ley. Sin embargo, la reciente denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) contra jueces federales en Jalisco revela una preocupante realidad: un sistema obstruido, donde las audiencias por delitos fiscales y financieros se dilatan hasta el absurdo, llegando a programarse un año después de su solicitud. Imaginen la frustración del ciudadano común que espera una resolución justa y oportuna, mientras los engranajes de la justicia giran a una velocidad exasperantemente lenta.

Esta dilación, según la FGR, no solo vulnera el derecho fundamental al acceso a la justicia, consagrado en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que también representa un duro golpe al patrimonio público federal. Cada día que pasa sin que se resuelvan estos casos, se pierden millones de pesos que deberían ingresar a las arcas del estado, recursos vitales para financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la seguridad. ¿Quién se beneficia de esta lentitud? ¿A quién conviene que los responsables de defraudar al fisco sigan evadiendo las consecuencias de sus actos?

La FGR ha señalado con el dedo al Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, acusando a su administrador de cometer reiteradamente delitos contra la administración de justicia. La cifra es alarmante: 23 casos donde se ha señalado fecha de audiencia inicial ¡más de once meses después de su solicitud! Uno de los ejemplos más escandalosos es la programación de una audiencia para febrero de 2026, cuando la solicitud se realizó en febrero de 2025. Esta práctica no solo es ineficiente, sino que raya en lo grotesco. ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía con este tipo de actuaciones? ¿Qué confianza se puede tener en un sistema que parece proteger a quienes delinquen en contra del bienestar colectivo?

La suma en juego es considerable: más de 422 millones de pesos, una cantidad que podría marcar la diferencia en la vida de miles de mexicanos. Este dinero, que debería estar destinado a fortalecer los servicios públicos, se encuentra atrapado en un laberinto burocrático, víctima de una inexplicable lentitud. La FGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han anunciado que actuarán en consecuencia. La ciudadanía espera que estas acciones no se limiten a simples comunicados de prensa, sino que se traduzcan en investigaciones exhaustivas, sanciones ejemplares y, sobre todo, en una profunda reforma del sistema que permita prevenir este tipo de abusos en el futuro.

Es hora de exigir transparencia y rendición de cuentas. No podemos permitir que la justicia se convierta en un juego de espera, donde los poderosos se benefician de la lentitud del sistema mientras el pueblo paga las consecuencias. La justicia debe ser pronta y expedita, un principio fundamental que no puede ser sacrificado en el altar de la burocracia y la ineficiencia. La FGR, la PFF y el SAT tienen la obligación de actuar con firmeza y determinación para restaurar la confianza en el sistema y garantizar que los responsables de defraudar al fisco rindan cuentas ante la ley. El futuro de México depende de ello.