La tensión es palpable. México se encuentra a las puertas de un hito histórico: la elección popular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A medida que los últimos votos son contabilizados, la contienda entre Lenia Batres Guadarrama y Hugo Aguilar Ortiz se estrecha, manteniendo al país en vilo. Con el 86.2% de las actas computadas, la diferencia entre ambos candidatos es mínima, lo que augura un final de fotografía. ¿Será Batres Guadarrama la primera presidenta en ser elegida por el pueblo? ¿O será Ortiz Aguilar quien marque este precedente? La incertidumbre alimenta las especulaciones y el debate público, convirtiendo esta elección en un tema central en las conversaciones a lo largo y ancho del país.

Más allá de la presidencia, la composición de la nueva SCJN también genera expectación. La reforma impulsada por el expresidente López Obrador establece una Corte paritaria, con cinco ministras y cuatro ministros, un cambio significativo que promete una nueva perspectiva en la interpretación de la ley. Nombres como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos e Irene Herrerías, entre las mujeres, y Azael Figueroa, Irving Espinosa y Rodrigo Guerrero, entre los hombres, resuenan con fuerza como posibles integrantes del máximo órgano judicial. La combinación de experiencia y nuevas visiones que aporten estos perfiles será clave para el futuro de la justicia en México.

El perfil de los candidatos a la presidencia ofrece un contraste interesante. Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca y con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos indígenas, propone una justicia congruente con la realidad del territorio, incorporando el diálogo y la participación de las comunidades. Su enfoque multidisciplinario, con la ampliación de la figura del Amicus Curiae, busca enriquecer el debate jurídico y asegurar una justicia más completa e inclusiva. Por su parte, Lenia Batres Guadarrama, desde su experiencia como ministra de la Corte y su formación académica en estudios urbanos, plantea una lucha frontal contra la desigualdad y la injusticia social, bajo los principios de austeridad. Su visión se centra en una justicia más accesible y cercana a las necesidades de la población.

La eliminación de las salas de sesiones y la obligación de sesionar en pleno y de forma pública prometen una mayor transparencia en las decisiones de la Corte, acercando la justicia al ciudadano. Asimismo, la eliminación de la pensión vitalicia y la limitación de los salarios al tope presidencial buscan una mayor equidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Estos cambios, impulsados por la reforma judicial, representan un paso importante hacia una justicia más moderna, eficiente y cercana a las necesidades del pueblo mexicano. El resultado de esta elección no solo definirá la presidencia de la SCJN, sino que marcará un nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial en México. La expectativa es máxima, y el país aguarda con ansias el desenlace de esta histórica contienda.