La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México marcó un hito en la forma en que se administra la justicia en el país. Uno de los pilares de este nuevo paradigma es el Informe Policial Homologado (IPH), una herramienta crucial que, sin embargo, a menudo se subestima. Este documento, que a simple vista podría parecer un mero trámite burocrático, es en realidad la piedra angular sobre la que se construyen las investigaciones y se determina el futuro de las personas involucradas en un proceso penal.

Imaginemos la escena: un operativo policial, la adrenalina del momento, la presión por asegurar la escena y detener a los presuntos responsables. En medio de este torbellino de actividad, el IPH se erige como un faro de objetividad, un registro preciso y detallado de los hechos que servirá como guía para el proceso judicial. No se trata simplemente de llenar un formulario, sino de plasmar la realidad de lo sucedido con la precisión de un cirujano, con la minuciosidad de un relojero.

Cada dato consignado en el IPH, desde los nombres de los agentes intervinientes hasta la descripción del estado físico de los detenidos, tiene un peso específico en la balanza de la justicia. Un error, una omisión, una inconsistencia, por mínima que parezca, puede tener consecuencias devastadoras. La historia está llena de casos en los que la falta de rigor en la elaboración del IPH ha llevado a la liberación de culpables o, peor aún, a la injusta condena de inocentes.

El caso del operativo en Tepito en 2019 es un ejemplo paradigmático de cómo un IPH mal elaborado puede echar por tierra semanas, incluso meses, de arduo trabajo policial. La inverosimilitud de la versión presentada por el agente, quien afirmaba haber realizado en solitario la revisión de decenas de detenidos y el embalaje de la droga asegurada, desacreditó por completo la actuación policial y puso en libertad a los presuntos responsables. Un fallo en el IPH se convirtió en una grieta en el sistema, permitiendo que la justicia se escapara entre los dedos.

Este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la capacitación continua y especializada de los cuerpos policiales en la correcta elaboración del IPH. No basta con conocer el formato, es necesario comprender la trascendencia de cada dato, la importancia de la precisión y la objetividad. El IPH no es un simple documento, es la voz de la policía ante la justicia, y esa voz debe ser clara, concisa y, sobre todo, veraz.

La inversión en la formación de los agentes en este aspecto no es un gasto, sino una inversión en la justicia, en la seguridad y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Un IPH bien elaborado es la garantía de un debido proceso, la base de una investigación sólida y la clave para una justicia efectiva. Es, en definitiva, una pieza fundamental en la construcción de un país más seguro y justo para todos.