Un año después de la aprobación del llamado Plan C, la transformación del Poder Judicial en México es una realidad palpable. La promesa de "democratizar la justicia mediante el voto popular", bandera del expresidente López Obrador y continuada por la presidenta Sheinbaum, culminó con la elección de más de dos mil 600 cargos judiciales, divididos entre 881 federales y 1,801 locales. Este ambicioso proyecto, que se gestó mucho antes del triunfo electoral de 2018, ha reconfigurado el panorama jurídico del país, marcando un hito en la historia política mexicana. Sin embargo, la transformación no ha estado exenta de controversia.

El Instituto Nacional Electoral (INE), con la mitad del presupuesto solicitado y en un tiempo récord, tuvo que orquestar un proceso electoral sin precedentes, traduciendo la compleja terminología jurídica en un lenguaje accesible para la ciudadanía. La impresión de 602 millones de boletas –de las cuales 522 millones fueron utilizadas– y la gestión de tres mil 406 candidaturas representaron un desafío logístico monumental. A pesar de los esfuerzos, la sombra de la duda se cierne sobre la legitimidad del proceso. Voces críticas, especialmente del ámbito internacional, alertan sobre el riesgo de que la politización de la justicia menoscabe la independencia judicial, sometiendo a los nuevos magistrados a presiones políticas.

El oficialismo, por su parte, defiende la participación ciudadana como un logro democrático. Argumenta que el Plan C empodera al pueblo, dándole voz y voto en la configuración del Poder Judicial. El debate está abierto y la tensión es palpable en la sociedad mexicana. Mientras tanto, el INE tuvo que sortear obstáculos considerables para garantizar la transparencia del proceso, acreditando a 139 mil observadores nacionales y recibiendo a 366 visitantes extranjeros de 33 países.

Un punto álgido fueron los "acordeones" en las urnas, una solución improvisada –un "parche", como lo llaman algunos– a un problema estructural derivado de la premura con la que se gestó la reforma. Este detalle, aunque aparentemente menor, ilustra la complejidad de implementar un cambio de tal magnitud en un corto periodo de tiempo.

La fase final del proceso está en marcha. El 15 de junio se conocerán los resultados de los cómputos distritales y se entregarán las constancias a los candidatos electos. Posteriormente, el 16 de junio, se notificarán los errores u omisiones en los informes de campaña, seguido del dictamen de fiscalización el 18 de julio y la votación final en el Consejo General del INE el 28 de julio. Hasta el momento, el 94% de las candidaturas ha cumplido con la entrega de sus informes de gastos, pero las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, desde multas hasta la cancelación de la candidatura.

El INE se enfrentó a un reto titánico: transformar una elección compleja en un instrumento de legitimidad institucional, sin sacrificar su autonomía ni su capacidad operativa. El futuro del Poder Judicial está en juego. El desafío ahora es evitar que el voto se convierta en un mero formalismo y se consolide como una auténtica expresión de participación cívica, un mecanismo de exigencia ciudadana que garantice la independencia y la imparcialidad de la justicia en México.