La histórica jornada de este domingo, que vio a México dar un paso significativo hacia la democratización de su Poder Judicial con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha dejado un cúmulo de experiencias y desafíos. Si bien la posibilidad de elegir directamente a quienes imparten justicia representa un hito en la vida democrática del país, la jornada electoral se caracterizó por contrastes: la trascendencia del evento se vio atenuada por una baja afluencia en las casillas, un proceso de votación que se extendió más allá de lo previsto y la palpable dificultad de los ciudadanos para elegir entre los candidatos.

El sentir generalizado entre los votantes se resume en frases como: "Sí está difícil porque no los conocemos (a los candidatos)". Imaginen la escena: ciudadanos de a pie, con la responsabilidad de elegir a figuras clave del sistema judicial, enfrentándose a la disyuntiva de votar sin un conocimiento profundo de las trayectorias y propuestas de los aspirantes. Este desconocimiento, sumado a la complejidad de las boletas, se tradujo en tiempos de votación que oscilaron entre los 10 y los 40 minutos. Algunos, previendo esta dificultad, llegaron preparados. "Yo traigo mi acordeón, me ayudó mi hija a revisar a los candidatos", comentó uno de los votantes, ilustrando el esfuerzo ciudadano por ejercer su derecho al voto de manera informada.

Mientras tanto, los propios aspirantes a ocupar los cargos judiciales también acudieron a las urnas. Lenia Batres, candidata a la reelección como ministra de la Corte, resaltó la importancia histórica de este proceso, afirmando que México se convierte en pionero al democratizar su Poder Judicial. Por su parte, Loretta Ortiz, otra de las candidatas, expresó su confianza en la continuidad de su labor, junto a Batres y Yasmín Esquivel, en el máximo tribunal. Sergio Molina, también aspirante a la Corte, manifestó optimismo respecto a los resultados.

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de incidentes. En el Estado de México, las inclemencias del tiempo obligaron a la reinstalación de casillas en Chalco y La Paz debido a inundaciones. Además, se detectaron acreditaciones apócrifas de observadores, un hecho que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y seguridad en los procesos electorales.

A pesar de estos contratiempos, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que la votación se desarrolló con relativa normalidad en la mayoría de las casillas instaladas en el país. No obstante, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, detalló la ocurrencia de mil 770 incidentes, incluyendo 500 interferencias injustificadas para impedir el ejercicio del voto y 313 cambios de ubicación de casillas, estos últimos debidamente justificados.

Al cierre de las casillas, el balance final del INE registró 66 casillas suspendidas o no instaladas, principalmente debido a riesgos de violencia. Un informe detallado posterior al cierre de las casillas precisó que 16 casillas no se instalaron y 50 fueron suspendidas definitivamente. Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) informó haber recibido 95 denuncias desde el inicio del proceso electoral.

Esta jornada electoral, con sus luces y sombras, marca un precedente en la historia de México. La participación ciudadana, aunque limitada, sentó las bases para un futuro en el que la elección popular de jueces, magistrados y ministros sea una práctica consolidada. Queda como tarea pendiente fortalecer la difusión de información sobre los candidatos y simplificar el proceso de votación para garantizar una participación más amplia e informada en futuras elecciones. El camino hacia la plena democratización del Poder Judicial apenas comienza, y el aprendizaje de esta primera experiencia será crucial para perfeccionar el sistema y asegurar una justicia más cercana y representativa de la voluntad popular.