La histórica elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de la reforma judicial de 2024, ha abierto un capítulo inédito en la historia jurídica de México. Este cambio, sin precedentes, nos obliga a reflexionar sobre el futuro del Poder Judicial y su impacto en una sociedad marcada por profundas desigualdades. Con un 43.9% de la población en situación de pobreza, según datos del CONEVAL, la justicia no puede seguir operando bajo la premisa de una neutralidad inexistente. Se presenta, entonces, una oportunidad crucial para redefinir el papel de la justicia y acercarla a las necesidades de quienes históricamente han sido excluidos.

No se trata simplemente de un reajuste institucional, sino de una verdadera democratización del sistema. Implica reinterpretar las normas jurídicas desde la perspectiva de los sectores más vulnerables, incorporando principios de justicia social que prioricen la equidad material. Corrientes como el derecho crítico, el feminismo jurídico y el derecho indígena ofrecen herramientas conceptuales para lograr este objetivo. Adoptar enfoques transformadores puede empoderar a comunidades indígenas, campesinas, mujeres y otros colectivos históricamente marginados.

Imaginemos la aplicación del Convenio 169 de la OIT para proteger a las comunidades indígenas de proyectos extractivos que amenazan sus territorios y modos de vida. Visualicemos la aplicación consistente y sistemática del principio pro persona en casos de violencia de género y discriminación estructural. Estas acciones, entre otras, pavimentarían el camino hacia una justicia más humana, territorial y sensible a las realidades de un país diverso y complejo.

Experiencias como la de Cherán, Michoacán, demuestran la viabilidad de una justicia arraigada en lo local, basada en principios de equidad y dignidad. En estados como Oaxaca y Chiapas, con ricas tradiciones de organización comunitaria, los jueces electos tienen la responsabilidad de fortalecer la autonomía local, sin menoscabo del respeto a los derechos humanos. El desafío reside en encontrar el equilibrio entre el reconocimiento de la pluralidad jurídica y la garantía de un marco legal que proteja a todos por igual.

Sin embargo, la transformación no está exenta de obstáculos. La redefinición de los paradigmas legales tradicionales puede generar resistencia en sectores conservadores del ámbito jurídico. Además, la elección popular de jueces conlleva el riesgo de la politización, donde los intereses partidistas o económicos se impongan sobre los derechos de la ciudadanía.

De cara a la segunda elección judicial, es urgente fortalecer la participación ciudadana informada a través de campañas de concientización y medidas concretas. Pero quizás lo más apremiante es reactivar e impulsar un esquema de formación judicial que priorice la formación crítica, con perspectiva de género, derechos colectivos y pluralismo jurídico. Formar jueces comprometidos con la justicia social es la clave para construir un sistema judicial verdaderamente incluyente.

La elección popular de jueces ha sido un primer paso. El verdadero reto comienza ahora: garantizar que quienes imparten justicia lo hagan con un profundo compromiso con los sectores más vulnerables. Esta coyuntura histórica representa una oportunidad única para construir un sistema judicial más justo e igualitario. Si nos limitamos a replicar las viejas estructuras, habremos desperdiciado una oportunidad invaluable. La transformación no culminó en las urnas, apenas comienza en los tribunales.