La jornada electoral para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México se ha visto empañada por una serie de incidentes reportados al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Si bien la participación ciudadana se ha destacado por su entusiasmo, con vecinos organizándose y colaborando en las casillas, la sombra de presuntas irregularidades se cierne sobre el proceso.

El secretario ejecutivo del IECM, Bernardo Núñez, ha detallado un panorama preocupante. Desde presuntos acarreos de votantes y reparto de propaganda en las inmediaciones de las casillas, hasta la posible realización de censos ilegales de votantes, las denuncias se han concentrado en alcaldías clave como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. La imagen de un grupo de personas reunidas en la colonia Roma, o la de un automóvil con individuos repartiendo propaganda en la colonia Anáhuac, alimentan la inquietud sobre la transparencia del proceso. Si bien las autoridades electorales se han movilizado para corroborar estos reportes, la incertidumbre persiste. ¿Se trata de simples coincidencias o de una estrategia orquestada para influir en los resultados?

Más allá de los presuntos acarreos, el IECM ha registrado un abanico de incidentes que van desde cambios de ubicación de casillas –justificados, según el organismo–, hasta la presencia de propaganda electoral dentro y fuera de los centros de votación. Incluso, se han detectado casos de personas que han logrado ejercer su voto sin aparecer en la lista nominal de electores, una situación que exige una investigación exhaustiva para determinar cómo es posible que esto ocurra y si se trata de un hecho aislado o de una práctica más extendida.

La situación se agrava con reportes de violencia en una casilla, la presunta destrucción de documentación electoral y las dificultades que las condiciones climatológicas adversas han impuesto en algunas zonas. A esto se suma la ausencia de funcionarios en mesas directivas y las presuntas interferencias en el desarrollo de la jornada, incluyendo intentos de influir en el voto o de impedir su ejercicio sin justificación.

En medio de este panorama, las palabras de la consejera electoral Patricia Avendaño resuenan con fuerza. Al recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el responsable último del proceso y que el IECM actúa en coadyuvancia, Avendaño pone el acento en la necesidad de verificar minuciosamente cada reporte antes de llegar a conclusiones precipitadas. Su llamado a la cautela y a la verificación contrasta con el flujo incesante de información, no siempre veraz, que suele circular durante las jornadas electorales.

La consejera ha subrayado la importancia de distinguir entre rumores y hechos comprobados. "El reporte es que presuntamente había acarreo… tendríamos que cerciorarnos", ha declarado, instando a la prudencia y a la rigurosidad en el análisis de la información. Sus palabras reflejan la complejidad de la situación y la necesidad de actuar con responsabilidad para garantizar la legitimidad del proceso electoral. La pregunta que queda en el aire es si estas presuntas irregularidades, una vez investigadas a fondo, podrían empañar la legitimidad de los resultados y qué medidas se tomarán para asegurar la transparencia y la confianza ciudadana en futuras elecciones.