El pasado 1 de junio, México vivió una jornada histórica. Millones de ciudadanos acudimos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto y elegir a quienes ocuparán los puestos clave en el Poder Judicial: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jueces de distrito y magistrados de circuito. No se trató de una elección cualquiera, sino de una oportunidad única para transformar un sistema que, por décadas, ha estado marcado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad. A pesar de los intentos por desacreditar este ejercicio democrático, impulsado por los principios de la Cuarta Transformación, la ciudadanía respondió con contundencia, demostrando su compromiso con la construcción de un país más justo e igualitario.

Esta elección, sin duda, es fruto del compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su mandato. Recordemos que, ante un Zócalo repleto, la Presidenta incluyó la transformación del Poder Judicial entre sus 100 compromisos de gobierno. Esta promesa se materializó gracias a las reformas promovidas por la 4T, reformas que buscan defender al pueblo de México y erradicar las prácticas corruptas que han imperado en el sistema judicial.

La Presidenta Sheinbaum ha sido clara al afirmar que esta transformación no es una ocurrencia, sino una respuesta a la profunda crisis que aqueja al Poder Judicial. La impunidad de la que han gozado evasores de impuestos, ex gobernadores acusados de corrupción y otros personajes poderosos, contrasta con la realidad que viven millones de mexicanos que no tienen acceso a una justicia pronta y expedita. El nepotismo, documentado por la propia Presidenta, es otra muestra de la podredumbre que se ha enquistado en el sistema. Cientos de jueces y magistrados han colocado a familiares en puestos clave, creando redes clientelares que benefician a unos cuantos a costa del erario público.

A esto se suman los exorbitantes salarios y privilegios de los que gozan ministros y magistrados, con percepciones mensuales que superan por mucho los ingresos de la mayoría de los mexicanos. Seguros de gastos médicos millonarios, prestaciones extraordinarias y otras prebendas, conforman un sistema que privilegia a una élite a expensas del bienestar colectivo.

El voto del 1 de junio representa un paso crucial en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es el inicio de una nueva era en la que el Poder Judicial estará al servicio del pueblo y no de unos cuantos privilegiados. La ciudadanía ha hablado y ha demandado un cambio profundo. Ahora, es responsabilidad de las nuevas autoridades electas responder a esta demanda y construir un sistema judicial transparente, eficiente y justo. La transformación continúa y el pueblo de México está decidido a seguir construyendo un país más democrático e igualitario. Es un proceso que requiere la participación de todos y todas, un proceso en el que la voz ciudadana es fundamental para consolidar los cambios que el país necesita. El camino por recorrer aún es largo, pero con la unidad y la determinación del pueblo, lograremos construir un México más justo para todos.

Azucena Cisneros Coss

Presidenta Municipal de Ecatepec

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