La sombra del 3.5% se cierne sobre las remesas, un tema que toca las fibras más sensibles de la economía familiar mexicana. Aunque se presente como una victoria diplomática la rebaja del porcentaje inicialmente propuesto del 5%, la realidad es que este impuesto, de aprobarse en el Senado estadounidense, representa un duro golpe para millones de hogares mexicanos. No podemos tapar el sol con un dedo: dos mil doscientos millones de dólares menos fluyendo hacia México, equivalentes a 45 mil millones de pesos, no es un asunto menor. Imaginen el impacto acumulado en las comunidades que dependen en gran medida de estos envíos.

Hablamos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Michoacán, estados donde las remesas representan entre un 10% y un 14% del PIB estatal. Para estas familias, el dinero que con tanto esfuerzo envían sus seres queridos desde el otro lado de la frontera no es un lujo, sino una necesidad vital. Con él, pagan la vivienda, cubren gastos médicos, aseguran la educación de sus hijos. Este impuesto, lejos de ser una simple cifra, se traduce en menos oportunidades, en sacrificios adicionales y en una creciente incertidumbre sobre el futuro.

Más allá del impacto económico directo, la imposición de este gravamen plantea serias interrogantes sobre la eficacia de la diplomacia mexicana. ¿Qué se ha hecho realmente para defender los intereses de nuestros connacionales? ¿Cómo es posible que, a pesar de los tratados y acuerdos existentes, se permita una medida que viola el espíritu de la no doble tributación? Estas son preguntas que exigen respuestas claras y contundentes.

El panorama se complica aún más al considerar las posibles consecuencias colaterales. Un impuesto de esta naturaleza podría incentivar el uso de canales informales para el envío de remesas, fortaleciendo el mercado negro y exponiendo a los migrantes a situaciones de vulnerabilidad. Además, la disminución del poder adquisitivo de las familias receptoras tendrá un efecto dominó en la economía local, afectando a pequeños negocios y generando un círculo vicioso de pobreza y desigualdad.

Es imperativo que las autoridades mexicanas redoblen sus esfuerzos para frenar la aprobación de este impuesto. No se trata solo de una cuestión económica, sino de justicia y dignidad para millones de mexicanos que, con su trabajo y sacrificio, contribuyen al desarrollo de ambos países. La reducción del 5% al 3.5% no puede considerarse un triunfo, sino una llamada de atención sobre la urgencia de actuar con firmeza y determinación. El futuro de muchas familias mexicanas está en juego.