La confianza, ese pilar fundamental para la convivencia y la seguridad, se tambalea en algunos rincones del Estado de México. Imaginen, entregar a un presunto delincuente a las autoridades y dudar si se hará justicia, si se seguirá el debido proceso. Esa inquietud, palpable en algunos sectores de la población, nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la depuración de las fuerzas policiales y la construcción de instituciones sólidas y transparentes.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México, en un esfuerzo por blindar la integridad de sus corporaciones, ha implementado rigurosos exámenes de control de confianza. Catorce municipios, de un total de 125, aún se encuentran en el proceso de designación de sus mandos de seguridad. Este dato, si bien puede interpretarse como una demora, también refleja la seriedad con la que se está abordando la selección de quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. No se trata de un simple trámite burocrático, sino de una evaluación profunda que busca garantizar la idoneidad de los perfiles.

El camino no ha sido fácil. Algunos ayuntamientos han tenido que cambiar a sus titulares de seguridad hasta cuatro veces. La exigencia de perfiles intachables ha llevado a la repetición de evaluaciones y a la búsqueda constante de candidatos que cumplan con los estándares requeridos. Esto, lejos de ser un signo de ineficiencia, demuestra el compromiso por no ceder ante la presión y priorizar la calidad por encima de la rapidez.

El General Cristóbal Castañeda, titular de la Policía estatal, ha sido enfático al respecto: la depuración de las corporaciones es un proceso continuo y en constante evolución. La implementación de mesas de trabajo mensuales con las autoridades federales, el análisis diario de la incidencia delictiva en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, y la comunicación directa con los comisarios municipales, son acciones concretas que buscan atender de manera oportuna cualquier anomalía o incremento en los índices delictivos.

La nueva administración estatal, encabezada por Delfina Gómez, ha marcado una línea clara: tolerancia cero a la corrupción. La Operación Atarraya, una red tendida para capturar a los malos funcionarios, ha resultado en la detención de 59 personas, incluyendo a servidores públicos de la pasada y presente administración. Este mensaje contundente reafirma el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.

La reconstrucción de la confianza ciudadana es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo conjunto. La participación activa de la sociedad, denunciando cualquier acto de corrupción o abuso de autoridad, es fundamental. El objetivo es claro: lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en sus instituciones, que vea en sus policías a aliados y protectores, y que la frase “al servicio de la comunidad” deje de ser un lema y se convierta en una realidad tangible en cada calle y en cada rincón del Estado de México. El camino es largo, pero con la voluntad política y la participación ciudadana, la meta es alcanzable.