La sombra de la explotación se cierne sobre el Estado de México. Dos casos recientes, uno de trata de personas y otro de robo con violencia, sacuden la tranquilidad y nos recuerdan la vulnerabilidad que enfrentamos a diario. En el primer caso, la justicia comienza a tejer su red alrededor de David "N", acusado de explotar laboralmente a una mujer con quien mantenía una relación sentimental. Imaginen la perversidad: aprovecharse de la confianza y el afecto para someter a alguien a trabajos forzados, obligándola a vender dulces en las calles, primero en Puebla e Hidalgo, y luego en Jilotepec, Estado de México. La Fiscalía mexiquense, tras una ardua investigación, ha logrado acreditar la probable participación de este individuo, quien ahora enfrenta un proceso judicial y la posibilidad de una larga condena. La prisión preventiva dictada por el juez es un primer paso para garantizar que, de ser encontrado culpable, no evada la justicia. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la trata de personas, un delito que a menudo se esconde tras la fachada de relaciones aparentemente normales. La víctima, además de la explotación laboral, sufría agresiones físicas y verbales si no cumplía con las exigencias de su agresor. Es imperativo que como sociedad estemos alerta a las señales de este tipo de abuso y denunciemos cualquier sospecha.

El segundo caso nos traslada a las calles de Nicolás Romero, donde la inseguridad en el transporte público se cobra otra víctima. Mario Alan Espinoza López, ahora condenado a casi 18 años de prisión, sembró el terror entre los pasajeros de una unidad de transporte público. Armado, amenazó al chofer y lo despojó del dinero. La rápida acción de la policía permitió su captura, pero el trauma del incidente seguramente persistirá en la memoria del conductor y los pasajeros. La sentencia ejemplar impuesta a Espinoza López envía un mensaje claro: la violencia en el transporte público no será tolerada. Sin embargo, más allá del castigo, es fundamental preguntarnos qué medidas se están implementando para prevenir este tipo de delitos. ¿Es suficiente con la presencia policial? ¿Qué hay de la iluminación en las calles, las cámaras de seguridad, la capacitación de los conductores? La seguridad no debe ser una reacción, sino una prevención.

Estos dos casos, aunque distintos en su naturaleza, comparten un denominador común: la necesidad de fortalecer el tejido social, de fomentar la cultura de la denuncia y de exigir a las autoridades que garanticen la seguridad y la justicia para todos. No podemos permitir que la impunidad se convierta en la norma. Cada sentencia, cada proceso judicial, es un paso hacia un futuro donde la justicia prevalezca y la violencia sea erradicada. La lucha contra la delincuencia es una tarea de todos, una responsabilidad compartida que exige compromiso y acción. Desde la denuncia ciudadana hasta la labor de las autoridades, cada pieza del rompecabezas es esencial para construir una sociedad más segura y justa. El futuro de nuestras comunidades depende de ello.