El pasado 1 de junio, México vivió una jornada histórica con la primera elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Cerca de 13 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto, decidiendo quiénes ocuparán los nueve puestos del máximo tribunal del país, una cifra que, si bien representa un hito en la democratización del Poder Judicial, abre el debate sobre la participación ciudadana en procesos de esta índole. ¿Refleja realmente la voluntad de la mayoría? ¿Cómo podemos incentivar una mayor participación en futuras elecciones judiciales?

Este nuevo sistema, producto de la reforma judicial de septiembre de 2024, trae consigo cambios significativos. La reducción de 12 a 9 ministros, la paridad de género con cinco mujeres y cuatro hombres integrando la Corte, y la elección popular directa son elementos que transforman el panorama judicial mexicano. Se busca una mayor representatividad y una conexión más directa con la ciudadanía, pero también implica nuevos retos. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de los ministros electos popularmente? ¿Influirá la opinión pública en sus decisiones? Son preguntas que el tiempo y el desempeño de la nueva Corte ayudarán a responder.

La toma de protesta de los nuevos ministros, programada para el 1 de septiembre de 2025, marca el inicio de una nueva era para el Poder Judicial. Un periodo improrrogable de 12 años, sin posibilidad de reelección, les espera a los elegidos. Esta medida, establecida en el artículo 94 de la Constitución, busca evitar la perpetuación en el poder y promover la renovación constante del máximo tribunal. Sin embargo, ¿será suficiente para garantizar la independencia judicial? ¿Qué mecanismos se implementarán para prevenir la influencia de intereses políticos o económicos durante este periodo?

Otro cambio fundamental es la designación del presidente de la SCJN. El ministro que haya obtenido la mayor cantidad de votos en la elección popular asumirá la presidencia por un periodo de dos años, rotando posteriormente entre los demás ministros en orden descendente de votos. Este sistema rotatorio, que sustituye la anterior elección interna, busca mayor transparencia y democratización en la liderazgo de la Corte. No obstante, ¿podría esta rotación afectar la continuidad de los proyectos y la estabilidad del tribunal? ¿Cómo se garantizará la cohesión y la eficacia de la Corte con presidentes que cambian cada dos años?

La remoción de un ministro, un proceso delicado y complejo, sólo es posible bajo las causales establecidas en el Título Cuarto de la Constitución. Juicio político, delitos cometidos durante el encargo, o renuncia por causas graves avalada por el Senado, son las únicas vías para separar a un ministro de su cargo. En caso de vacante, la persona del mismo género que haya obtenido el siguiente lugar en la votación asumirá el puesto. Este mecanismo busca mantener la representatividad y la paridad de género en la Corte, pero también plantea interrogantes. ¿Qué criterios se utilizarán para determinar la "gravedad" de las causas de renuncia? ¿Cómo se garantizará la imparcialidad del Senado en los procesos de juicio político?

La reforma judicial de 2024 representa un paso audaz hacia la democratización del Poder Judicial. La elección popular de los ministros, un cambio histórico en el sistema mexicano, busca acercar la justicia a la ciudadanía. Sin embargo, es fundamental analizar los retos y las implicaciones de este nuevo modelo. La transparencia, la imparcialidad y la eficacia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dependerán no solo de la reforma en sí misma, sino también de la participación ciudadana y del compromiso de todos los actores involucrados en el sistema judicial.