La sombra de la intimidación y la violencia se cernió sobre Lerdo, Durango, este domingo, manchando el proceso democrático con actos reprobables que exigen una respuesta contundente. No podemos permitir que el miedo y la coacción se conviertan en herramientas electorales, silenciando la voz del pueblo y minando la legitimidad de nuestros comicios. Las denuncias presentadas por Morena revelan un patrón preocupante de hostigamiento y represión orquestado, al parecer, desde las esferas del poder estatal y municipal. La detención arbitraria del coordinador de campaña de Flora Isela Leal Méndez, así como la de representantes de casilla debidamente acreditados, no son simples incidentes aislados, sino piezas de una estrategia deliberada para obstaculizar el proceso electoral e intimidar a la ciudadanía.

Es indignante que candidatas y candidatos a regidurías hayan sufrido intimidaciones e intentos ilegales de detención, actos cobardes que buscan silenciar a quienes aspiran a representar a su comunidad. Gracias a la valiente intervención de diputadas y diputados de Morena, estas acciones fueron frustradas, pero la amenaza persiste. La compra masiva de votos mediante códigos QR, la intimidación a votantes en las casillas y la actuación facciosa de la policía estatal y municipal, pintan un panorama desolador donde la imparcialidad y la transparencia brillan por su ausencia. El hecho de que la candidata del PRIAN sea cónyuge del actual presidente municipal añade otra capa de complejidad al conflicto, configurando un claro caso de nepotismo y un posible uso indebido de recursos públicos para fines electorales.

Las palabras de Luisa María Alcalde Luján, Presidenta del CEN de Morena, resuenan con fuerza y determinación: “No lo vamos a permitir”. Esta no es una batalla aislada, sino parte de una lucha constante por defender la democracia y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. Cada voto cuenta, cada voz importa, y no podemos permitir que el miedo y la represión ahoguen la voluntad popular. La presentación de denuncias ante las autoridades electorales y de derechos humanos, tanto estatales como federales, es un paso crucial para asegurar que estos actos no queden impunes. La justicia debe prevalecer y los responsables deben rendir cuentas ante la ley.

Más allá de las denuncias y las investigaciones, es fundamental reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. ¿Qué tipo de sociedad construimos si permitimos que la violencia y la intimidación se conviertan en la norma en nuestros procesos electorales? Es imperativo fortalecer nuestras instituciones, promover la cultura de la legalidad y fomentar la participación ciudadana activa y responsable. La defensa de la democracia es una tarea de todos, un compromiso ineludible para construir un futuro donde la voz del pueblo sea escuchada y respetada. No podemos claudicar ante la adversidad, debemos perseverar en la lucha por un México más justo, democrático y libre. El futuro de nuestro país depende de ello. La jornada electoral en Lerdo, Durango, debe servir como un llamado a la reflexión y a la acción. No podemos permitir que la oscuridad del autoritarismo eclipse la luz de la democracia.