La tragedia de San José Iturbide nos golpea con la crudeza de una realidad que muchos prefieren ignorar: la corrupción y la negligencia que carcomen los cimientos de nuestro sistema. Doce vidas apagadas por la indiferencia de un gobierno municipal más preocupado por sus propios intereses que por el bienestar de sus ciudadanos. El alcalde Edgar Manuel Montes de la Vega, heredero de un cacicazgo enquistado en el poder, ha convertido la administración pública en un circo de escándalos y disputas políticas, mientras que los problemas reales, como la falta de regulación de los centros de rehabilitación, son ignorados. ¿Cuántos anexos más operan en la clandestinidad, sin las mínimas medidas de seguridad, bajo la mirada cómplice de las autoridades? La respuesta es escalofriante. Este no es un caso aislado, es un síntoma de la enfermedad que aqueja a nuestro país. La permisividad con la que operan estos centros es una bomba de tiempo. No se trata de mala suerte, se trata de una negligencia criminal que exige justicia. Las familias de las víctimas merecen respuestas, merecen que los responsables rindan cuentas. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que la vida de nuestros ciudadanos esté en manos de políticos ineptos y corruptos?

Más allá del dolor inmediato, el incendio de San José Iturbide nos obliga a una profunda reflexión sobre el papel de las autoridades y la necesidad de una supervisión real y efectiva en este tipo de establecimientos. ¿Qué mecanismos de control existen? ¿Son suficientes? ¿Se aplican con rigor? La respuesta, lamentablemente, parece ser negativa. Es urgente una revisión exhaustiva de las normas y procedimientos, así como una depuración de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. No podemos permitir que la tragedia se repita. Es necesario exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobernantes, para que la vida de las personas deje de ser una moneda de cambio en sus juegos de poder. La sociedad civil debe alzar la voz y exigir un cambio real, un compromiso genuino con la seguridad y el bienestar de todos.

Por otro lado, el comentario misógino del alcalde de Sabinas, Coahuila, José Feliciano "Chano" Díaz, es una muestra más del machismo arraigado en nuestra sociedad. Sus palabras, lejos de ser un chiste inocente, revelan una profunda falta de respeto hacia las madres solteras, a quienes reduce a meros objetos de deseo. Este tipo de comentarios, normalizados y perpetuados por quienes ostentan el poder, contribuyen a la discriminación y la desigualdad de género. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, un representante público se permita este tipo de expresiones. No podemos seguir tolerando que se utilice el humor para justificar la misoginia. Las palabras tienen consecuencias, y en este caso, las consecuencias son la perpetuación de estereotipos dañinos y la normalización de la violencia simbólica contra las mujeres. Es necesario exigir una disculpa pública y una rectificación por parte del alcalde, así como promover una cultura de respeto e igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. La lucha contra el machismo es una tarea de todos y todas.