La jornada electoral de este domingo marca un hito en la historia democrática de México. No solo por la cantidad de cargos electos, que abarcan desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta jueces de distrito, sino por el hecho inédito de que la ciudadanía haya tenido la oportunidad de participar directamente en la conformación del Poder Judicial. Imaginen, por un momento, el peso de esta decisión: el pueblo eligiendo a quienes impartirán justicia, a quienes velarán por el cumplimiento de las leyes, a quienes protegerán nuestros derechos. Es un acto de empoderamiento ciudadano sin precedentes, un testimonio del fortalecimiento de nuestras instituciones y un paso firme hacia una justicia más cercana, más transparente y, sobre todo, más legítima.

Este ejercicio democrático no se limita a la elección en sí misma. Representa un cambio de paradigma, una transformación profunda en la relación entre el poder y el pueblo. Anteriormente, la designación de ministros de la Suprema Corte recaía exclusivamente en el Ejecutivo Federal, un proceso opaco y alejado de la participación ciudadana. Hoy, gracias a la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de ceder esta facultad al pueblo, se ha abierto una nueva era de democratización en la que la voz de la ciudadanía resuena con fuerza en las más altas esferas del Poder Judicial.

La participación ciudadana en esta elección no fue un acto improvisado. Millones de mexicanos se informaron, estudiaron las propuestas de los candidatos, analizaron sus trayectorias y, finalmente, emitieron un voto consciente e informado. Este compromiso cívico demuestra la madurez democrática de nuestro país y la convicción de que la justicia es un asunto que nos compete a todos, sin importar nuestra condición social, económica o geográfica. El anhelo de una justicia igualitaria para ricos y pobres, para quienes viven en el norte y quienes viven en el sur, se ha materializado en las urnas, en un ejercicio de soberanía popular que fortalece el tejido social y nos impulsa hacia un futuro más justo.

El proceso electoral, además de innovador, ha sido un ejemplo de organización y transparencia. El Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con los Organismos Públicos Locales Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, ha garantizado la legalidad y la imparcialidad de la jornada, permitiendo que la voz del pueblo se exprese con libertad y seguridad. La presentación de los resultados de manera escalonada, desde los ministros de la Suprema Corte hasta los jueces de distrito, permite un seguimiento puntual del proceso y refuerza la transparencia de este ejercicio democrático.

Más allá de la elección del Poder Judicial, la jornada electoral de este domingo también incluyó la renovación de cargos municipales en Durango y Veracruz, consolidando la participación ciudadana en distintos niveles de gobierno. Este proceso integral de renovación democrática, desde el ámbito federal hasta el local, es un síntoma de la vitalidad de nuestras instituciones y un reflejo del compromiso de la ciudadanía con la construcción de un país más democrático y justo. La transformación del Poder Judicial y la renovación de cargos en estas dos entidades representan un paso adelante en la consolidación de nuestra democracia y un ejemplo para otras naciones que buscan fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.