La desconfianza que corroe los cimientos de la justicia mexicana se ha convertido en un grito silencioso, pero ensordecedor. La reciente ENVIPE 2024 del Inegi nos muestra un retrato desolador: más de la mitad de los mexicanos perciben a los jueces como corruptos, una cifra que se dispara entre los jóvenes y quienes cuentan con mayor formación académica. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de nuestro sistema judicial? Nos habla de una profunda brecha entre la ciudadanía y quienes imparten justicia, una fractura que pone en jaque la legitimidad del sistema en su conjunto. Y es que no se trata solo de percepción. La abrumadora carga laboral, revelada por el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2024, con jueces resolviendo casi 900 casos en promedio, nos pinta un panorama de agotamiento y sobrecarga que inevitablemente compromete la calidad de las decisiones. ¿Cómo se puede garantizar una justicia pronta y expedita bajo estas condiciones?

La elección popular de jueces y magistrados, propuesta por Morena y sus aliados, se presenta como una posible solución, una vía para acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, este camino está sembrado de peligros. Si no se implementan mecanismos rigurosos que aseguren la idoneidad de los candidatos, su experiencia, ética y sólida formación jurídica, el riesgo de politizar la justicia es latente. Imaginemos un escenario donde las decisiones judiciales se vean influenciadas por intereses partidistas, donde la imparcialidad sea sacrificada en el altar de la conveniencia política. ¿Es ese el futuro que queremos para nuestro país? La reforma debe ser un ejercicio de equilibrio, un delicado baile entre la democratización y la tecnocracia, entre la valentía y la prudencia.

La paridad de género, un tema crucial que ha permeado todos los ámbitos de la vida pública, también encuentra su reflejo en el Poder Judicial. La escasa representación femenina en las magistraturas y juzgados, evidenciada por el censo, nos recuerda que la igualdad aún es una asignatura pendiente. No podemos hablar de una justicia verdaderamente representativa si la mitad de la población no encuentra su reflejo en quienes la imparten. Integrar la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales no solo es una cuestión de justicia, sino también una necesidad para construir un sistema más completo y equitativo.

El presupuesto del Poder Judicial, que asciende a miles de millones de pesos, nos obliga a preguntarnos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Si bien la inversión en justicia es fundamental, la persistencia de problemas en el sistema nos lleva a cuestionar si estos recursos se están utilizando de la manera más efectiva. ¿Dónde están las fallas? ¿Cómo podemos optimizar el gasto para garantizar un acceso a la justicia real y efectivo para todos los mexicanos? Los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen ante sí una responsabilidad histórica: reconstruir la confianza perdida, erradicar la corrupción y transformar un sistema que hoy se percibe como ineficaz e injusto. El camino es complejo, pero la necesidad de cambio es ineludible. La justicia en México se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de nuestro país.

Finalmente, la reciente visita del General Guillot al Centro Nacional de Adiestramiento en Chihuahua, acompañado de altos mandos militares mexicanos, subraya la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad. Este tipo de encuentros, que fortalecen los lazos entre naciones, son esenciales para enfrentar los desafíos compartidos en un mundo cada vez más interconectado. La diplomacia militar, a través del adiestramiento conjunto y el intercambio de experiencias, se consolida como una herramienta clave para la estabilidad regional.