La jornada electoral para la renovación del Poder Judicial en Oaxaca, si bien transcurrió en relativa calma según las autoridades, dejó entrever una serie de incidentes que empañan el proceso democrático. Si bien el INE ha calificado la jornada como "pacífica", la sustracción de casi dos mil boletas en Tlacolula de Matamoros y Oaxaca de Juárez, levanta serias dudas sobre la seguridad y transparencia del proceso. No podemos minimizar el robo de material electoral, un acto que atenta directamente contra la voluntad popular. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué garantías existen de que estas boletas no serán utilizadas para manipular los resultados? Estas preguntas exigen respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades competentes.

La Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales tiene la obligación de investigar a fondo estos hechos y llevar a los culpables ante la justicia. La ciudadanía exige transparencia y que se castigue a quienes intentan socavar la democracia. Más allá del robo de boletas, las agresiones verbales a funcionarios de casilla también son preocupantes. Estos actos de intimidación buscan desestabilizar el proceso y generar un clima de miedo e incertidumbre. Es fundamental garantizar la seguridad de quienes participan en la organización de las elecciones para que puedan desempeñar su labor sin presiones ni amenazas.

Si bien los incidentes registrados en otros municipios como Loma Bonita, Asunción Ocotlán y San Juan Cotzocón, entre otros, se han catalogado como "menores", no debemos restarles importancia. Cada irregularidad, por pequeña que parezca, erosiona la confianza en el sistema electoral. La suma de estos incidentes, junto con el robo de boletas, dibuja un panorama que dista mucho de la "jornada pacífica" descrita por el INE.

La presencia de más de cinco mil observadores electorales es un dato positivo, pero no suficiente. La vigilancia ciudadana es crucial, pero también lo es la actuación de las autoridades para prevenir y sancionar cualquier tipo de irregularidad. La denuncia en redes sociales sobre la entrega de acordeones a cambio de votos, aunque no comprobada, enciende las alarmas sobre posibles prácticas de coacción del voto. Es imperativo que las autoridades investiguen estas acusaciones y, de ser ciertas, tomen las medidas necesarias para garantizar la libertad del sufragio.

La complejidad del proceso electoral, evidenciada en la dificultad de algunos adultos mayores para rellenar las boletas, plantea la necesidad de simplificar los procedimientos y brindar mayor apoyo a los votantes. La escena en Puerto Escondido, donde una votante buscaba ayuda para elegir a los jueces y magistrados, ilustra la confusión que puede generar un proceso complejo y la posible influencia de actores externos.

El despliegue de dos mil elementos de seguridad, si bien muestra la preocupación por mantener el orden, no puede ser la única respuesta. La verdadera seguridad reside en la transparencia del proceso, en la imparcialidad de las autoridades y en la confianza de la ciudadanía en la integridad del sistema electoral.

Las palabras del gobernador Salomón Jara, destacando la participación ciudadana y la importancia de Oaxaca en la transformación del país, contrastan con la realidad de una jornada electoral marcada por incidentes que ponen en entredicho la limpieza del proceso. Es necesario ir más allá de los discursos triunfalistas y enfrentar con seriedad los problemas que se han presentado para fortalecer la democracia en Oaxaca. La participación ciudadana, aunque fundamental, no es suficiente. Se requiere un compromiso real de las autoridades para garantizar la transparencia, la legalidad y la equidad en los procesos electorales.