La sombra de la cancelación se cierne sobre las candidaturas a la judicatura. No basta con ganar en las urnas, el cumplimiento de la ley electoral, especialmente en materia de fiscalización, es un requisito indispensable para acceder al cargo. La consejera electoral Carla Humphrey Jordan ha lanzado una advertencia clara y contundente: el Instituto Nacional Electoral (INE) no dudará en retirar candidaturas, incluso las ganadoras, si se detectan irregularidades en el manejo de los recursos de campaña. Esto significa que la victoria electoral no es un escudo protector contra las sanciones, sino que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.

Imaginen el escenario: un candidato celebra su triunfo, recibe las felicitaciones, visualiza su futuro en el cargo… y de pronto, la noticia cae como un balde de agua fría. El INE, tras una exhaustiva investigación, descubre irregularidades en sus finanzas de campaña. El rebase de topes de gastos, la opacidad en el origen de los fondos, la posible influencia de dinero ilícito, son fantasmas que acechan a quienes no se apegan a la legalidad. Y la consecuencia puede ser devastadora: la pérdida de la candidatura, el desvanecimiento del sueño, el peso de la sanción. Este escenario, aunque hipotético, es una posibilidad real que pone de manifiesto la importancia de la fiscalización en el proceso electoral.

La consejera Humphrey Jordan no se anduvo con rodeos al enumerar las faltas que podrían acarrear la cancelación de una candidatura: rebasar los topes de gastos de campaña, recibir financiamiento público o privado de origen ilícito, incluso la vinculación con el crimen organizado. Estas conductas, que atentan contra la integridad del sistema electoral, serán investigadas a fondo por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Y la lupa estará puesta no solo en los ganadores, sino en todos los candidatos. Nadie está exento del escrutinio, nadie puede escudarse en la victoria para eludir la responsabilidad de rendir cuentas.

La cifra de 98 quejas recibidas contra diversas candidaturas es un dato que invita a la reflexión. Tres de estas denuncias ya han dado lugar a procedimientos sancionadores. Uno de ellos, particularmente delicado, se centra en los llamados “acordeones”, esos panfletos que inundan las calles durante las campañas. La investigación busca determinar el origen de los recursos utilizados para su producción e impresión, y si estos gastos se ajustan a la normativa electoral. La transparencia es la clave: ¿de dónde proviene el dinero? ¿quién financia las campañas? Son preguntas que exigen respuestas claras y precisas.

Los datos revelados por la consejera Humphrey Jordan sobre los ingresos y egresos reportados, tanto a nivel federal como local, dibujan un panorama complejo. Millones de pesos en juego, miles de eventos registrados, un entramado financiero que requiere una minuciosa revisión. El INE ha recibido el 92% de los informes únicos de gastos, pero ¿qué ocurre con el 8% restante? La exhaustividad es crucial para garantizar la limpieza del proceso electoral. Cada peso debe ser contabilizado, cada informe escrutado, cada irregularidad investigada. La democracia no se negocia, y la transparencia es su mejor garante.