Mayo, mes de la madre, nos invita a reflexionar sobre la inmensa contribución –a menudo invisible– de las mujeres a la economía latinoamericana. Más allá de las celebraciones, es crucial comprender la urgencia de reconocer su labor y promover cambios estructurales que garanticen una inclusión real y efectiva. Imaginemos por un momento la economía regional como un potente motor. Ahora, visualicemos que la mitad de sus cilindros funciona a medio gas. Esa es la realidad: las mujeres, que representan cerca del 50% de la población económicamente activa, ven su potencial constantemente limitado, como si un freno invisible impidiera su pleno desarrollo.

Si bien su presencia es abrumadora en sectores esenciales como la salud, la educación y los servicios –pensemos en las enfermeras, maestras y trabajadoras domésticas que sostienen el tejido social–, la precariedad y la informalidad son, lamentablemente, la norma. Salarios más bajos, ausencia de seguridad social y condiciones laborales desfavorables son parte del panorama cotidiano.

Los datos de la CEPAL son contundentes: en 2023, la tasa de participación laboral femenina se situó en un 49%, lejos del 73% registrado en hombres. A esta disparidad se suma una carga adicional, casi invisible pero aplastante: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Mientras los hombres dedican una parte de su tiempo a estas tareas, las mujeres invierten el triple, horas que restan a su desarrollo profesional y personal, un trabajo silencioso que sostiene a familias y comunidades, pero que no se traduce en ingresos ni reconocimiento.

La brecha salarial es otra herida abierta. Entre un 17% y un 30% menos ganan las mujeres en comparación con sus colegas masculinos por realizar las mismas tareas. Esta injusticia histórica perpetúa un ciclo de desigualdad que afecta no solo a las mujeres, sino a sus familias y al desarrollo económico de la región.

Y si a esto le sumamos la dificultad de acceso al crédito, la falta de oportunidades para adquirir tierras –especialmente en zonas rurales e indígenas– y la violencia económica que muchas padecen, el panorama se torna aún más complejo. ¿Cómo pueden las mujeres emprender, innovar y contribuir plenamente a la economía si se les niegan las herramientas básicas para hacerlo?

La maternidad, lejos de ser valorada como un aporte a la sociedad, se convierte en un obstáculo. Muchas empresas, ancladas en modelos obsoletos, penalizan a las mujeres por tener hijos, limitando sus posibilidades de ascenso y condenándolas a la precariedad.

¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? No basta con celebrar a las madres en mayo. Necesitamos acciones concretas, políticas públicas que reconozcan el valor del trabajo de cuidados y garanticen servicios de calidad como guarderías, salud y licencias parentales equitativas. Es imperativo incluir a más mujeres en los espacios de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, para que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas.

Promover el acceso al crédito, la tecnología y la formación –especialmente para emprendedoras, mujeres rurales y jóvenes– es fundamental. Así como combatir la violencia económica, con marcos legales que protejan sus derechos y les permitan generar ingresos de forma segura. Solo entonces podremos hablar de una economía verdaderamente inclusiva, un motor que funcione a plena potencia, impulsado por el talento y la energía de todas las personas, sin importar su género.